La crisis municipal abierta en el Ayuntamiento de Pamplona tras la dimisión del concejal de EH Bildu Joxe Abaurrea, está siendo alentada artificiosamente por el grupo abertzale, con el seguimiento poco comprensible de los socialistas. No habría que olvidar que la ausencia del edil de Bildu se debe exclusivamente a la existencia de un fallo judicial condenatorio por agresión a dos policías municipales y una concejala de Navarra Suma durante el chupinazo de 2019. Ni el Ayuntamiento ni su alcalde son responsables de aquellos sucesos, ni de la sentencia judicial posterior. Lógicamente, el gobierno municipal no puede paralizar su actividad y la agenda municipal debe seguir su inercia, independientemente de que durante unos días EH Bildu cuente con un edil menos -hasta que Abaurrea no sea reemplazado- y de que la suma de toda la oposición pierda la mayoría. Apelar al respeto de las “mayorías democráticas”, en palabras de Bildu, PSN y Geroa Bai, y obviar la causa por la que el grupo liderado por Asiron ha perdido momentáneamente un representante, carece de fundamento. Basta con acudir a la hemeroteca más reciente para comprobar comportamientos que sí han cambiado la voluntad de los electores -como en Estella-, protagonizados precisamente por los grupos que ahora piden respeto a las urnas. En realidad, lo que subyace es el pleno extraordinario convocado para el 30 de diciembre, con la aprobación de los Presupuestos de Pamplona. Si la sustitución de Abaurrea no se produce antes, el equipo de gobierno contará con los votos suficientes para sacar adelante las cuentas de 2022, a pesar de que toda la oposición ya ha anunciado su voto en contra. Esta operación postiza, a año y medio de las elecciones forales y municipales, muestra sin embargo un bloque opositor al que se ha unido el PSN de Maite Esporrín, y que deja al alcalde Enrique Maya con las manos atadas para poder desarrollar en 2022 los proyectos que esperan los ciudadanos de Pamplona. Demasiado tiempo para la hostilidad y la falta de entendimiento.