El Congreso aprobó esta pasada semana definitivamente la nueva Ley de Tráfico, que pretende reducir la mortalidad en carretera y reforzar la seguridad vial. Los dieciséis millones de conductores que hay en España tendrán tres meses para asimilar los cambios que el Gobierno de Pedro Sánchez y el Parlamento acaban de introducir en la ley de Tráfico que entrará en vigor en marzo de 2022. Las reformas llegan 15 años después de una gran reforma normativa, que tuvo su exponente más visible en el carné por puntos, que entró en vigor el 1 de julio de 2006, y que representó un hito en la lucha contra la siniestralidad. España es de hecho el tercer país europeo con menos víctimas. Tal como reiteró el ministro del Interior, la nueva ley buscar castigar con más dureza a los conductores que cometen las infracciones que más muertos ocasionan en las carreteras españolas. Entre otras muchas disposiciones, se incrementa el número de puntos que se pierden por determinadas infracciones -uso del móvil, que es la infracción que más accidentes mortales provoca desde hace un lustro, poner en riesgo la integridad de un ciclista o mala utilización del cinturón de seguridad, etc...- y se considera a los patinetes eléctricos un vehículo más, por lo que sus conductores quedarán sujetos a controles de alcoholemia y deberán llevar casco. Además, la norma acaba con la posibilidad de que los automóviles y motocicletas rebasen en 20 kilómetros por hora los límites genéricos de velocidad fijados para las carreteras convencionales en los adelantamientos. Tras el endurecimiento, habría que atacar los otros dos detonantes de la siniestralidad y que no son menores: el mal estado de las carreteras se ha visto agudizado por la falta de inversión económica y ha tenido efectos muy negativos sobre la seguridad vial, y también la obsolescencia del parque de vehículos. Algo que conviene tener también muy presente. Solamente la lucha contra la conjunción de los tres factores conseguirá reducir aún más la siniestralidad de forma significativa.