El 43º aniversario de la Constitución recordó ayer la solidez que el consenso en que se basó y el marco normativo resultante han brindado a la democracia y a la convivencia entre los españoles. Un pacto político refrendado que materializó el acceso definitivo al sistema de libertades a partir del declive por inanición del franquismo frente al abrumador anhelo de los españoles por la emancipación y el progreso. Los más jóvenes de quienes pudieron participar en la consulta de 1978 suman ya 61 años. El articulado de la Constitución presenta aspectos que requerirían actualizarse por los cambios que ha experimentado la sociedad española -gracias también a la Carta Magna- en un entorno cada vez más global. El problema es que los incentivos que hace 43 años conducían al consenso a los principales actores políticos, porque veían imprescindible asegurar la irreversibilidad del proceso democrático, se han ido desvaneciendo. El disenso y la polarización extrema cuentan con un marco que permite eludir el acuerdo y perpetuar la confrontación partidaria, tanto respecto a la defensa de la Constitución como en cuanto a su eventual reforma. Los propios ciudadanos se sienten confiados en que la colisión entre intereses políticos y hasta las crisis institucionales no irán a más porque existe un marco constitucional capaz de soportarlo todo, incluidas las diatribas sobre la solvencia del tribunal encargado de garantizar su vigencia. Pero no parece recomendable continuar abusando de la Constitución durante más tiempo, porque puede empezar a resentirse muy seriamente si su cuidado no se realiza mediante el diálogo continuo entre las formaciones parlamentarias y, antes de nada, entre las constitucionalistas. El propio Pedro Sánchez reveló ayer que no tiene contacto directo con Pablo Casado. Una anomalía democrática e institucional injustificable que parece haberse vuelto pura jactancia. Será imposible poner al día la Constitución si las divergencias en cuanto al diseño del futuro prevalecen sobre las coincidencias. Porque los socios que acompañan a Sánchez en los pactos de gobierno no son la mejor compañía para acometer reforma alguna.