La decisión de los presos agrupados bajo la disciplina de la disuelta ETA de pedir que, a su puesta en libertad, sean recibidos por sus allegados en actos “privados y discretos” es una buena noticia para las víctimas, que han visto cómo eran homenajeados como héroes. Para la sociedad democrática, que no tendrá que soportar más una afrenta tan provocadora. Y para los más jóvenes, que no deberán contemplar un ritual que presentaba al criminal como alguien sacrificado por una noble causa. Pero aunque la desaparición de una de las expresiones más hirientes de la reivindicación de su pasado por parte de los integrantes de ETA, y de quienes les han jaleado sin piedad hacia sus víctimas directas, alivie la existencia de sus deudos, el propio comunicado refleja hasta qué punto se resisten a admitir el daño injusto causado durante décadas, y a converger con la visión que la inmensa mayoría de los ciudadanos tiene de los años de terror. El comunicado de los presos de ETA termina reclamando la amnistía porque conciben que al “quedarse la lucha armada a un lado” -así se refieren a su derrota y disolución-, ellos concedieron al país una paz que exigiría la contrapartida de su regreso a casa. Una paz de la que se consideran autores frente a quienes, desde hace diez años, “han querido bloquear o sabotear cada avance... buscando la venganza y con ánimo de imponer un relato fraudulento que desfigure el conflicto” y “alimentando el relato de vencedores y vencidos”. Un discurso que denota su falta de reconocimiento del daño provocado durante casi medio siglo a todo un país, y que hoy todavía pretende manipular con un relato falso y antidemocrático al no asumir el papel que les corresponde de criminales. Las palabras del comunicado del EPPK describen a la perfección el exasperante tránsito de aquellos que se niegan a condenar retrospectivamente el terrorismo etarra. Mientras no haya una autocrítica real, sin dobleces, seguirán estando al margen de esta sociedad democrática que les arrinconó y les derrotó.