El IPC adelantado de noviembre presenta su cota más alta en 29 años, con un 5,6%. Esta vez a causa principalmente del precio de los productos finales de la cadena alimentaria y de los carburantes para la movilidad. La insistencia institucional en que se trata de un fenómeno transitorio pasa por alto las discrepancias en cuanto a las previsiones que vienen manejando los distintos organismos. Relativizar el problema puede ser conveniente para evitar que tan llamativo dato retraiga el consumo, la contratación y hasta la inversión. Aunque la curva ascendente de la inflación, en España y en el resto de Europa, está durando demasiado sin que se atisben condiciones para que vuelva pronto a un punto de equilibrio. En el supuesto, nada improbable, de que en total el IPC se mantenga al alza durante medio año o más, sus efectos operarán como incentivo para una reivindicación salarial imposible de eludir. Lo que a su vez contribuirá a la inflación. Al tiempo que el dato de noviembre actualizará las pensiones al 2,5%, y también incrementará los alquileres. Dando lugar a un cuadro social y económicamente complicado de manejar. Al aferrarse a la naturaleza coyuntural de la inflación, las instituciones concernidas dan a entender que esperan que 2022 no desbarate sus distintos pronósticos, para poder regresar en 2023 al cauce de la disciplina presupuestaria. La incomparecencia del Gobierno, después de que el INE adelantara tan preocupante IPC, podría deberse oficialmente a que espera a la confirmación o no del dato la próxima semana. Pero hay razones para suponer que en el Consejo de Ministros se ha generalizado la estrategia, hasta hace poco exclusiva de Sánchez, de ser portavoces únicamente de buenas noticias. El consenso estamental sobre la naturaleza pasajera de la inflación ayudaría, en este caso, a ello. Pero resulta especialmente desconcertante que, aun asumiendo como principio constitucional las bases de la economía de libre mercado, la caracterización del momento inflacionista como coyuntural, las instituciones tiendan a ser meras espectadoras de la subida de precios, presentando su inacción como virtud de prudencia también del Gobierno de coalición.