El proyecto de Presupuestos ha superado la segunda prueba de su tramitación, tras el debate de las enmiendas parciales en el Congreso. El Gobierno contó con el apoyo, previamente negociado, de ERC, PNV, EH Bildu, PDeCAT, Más País, Compromís, Nueva Canarias, PRC y Teruel Existe. Ya no hay duda de que las Cuentas del próximo año serán aprobadas, una vez pasen por el Senado. La gran novedad material que introducen los Presupuestos se basa en la integración del plan Next Generation europeo, además de la recaudación añadida por retoques tributarios al alza, con lo que sobre el papel inversión y gasto aparecen equilibrados. Pero sobre un cuadro de previsiones que el Gobierno se ha empeñado en mantener, en contra de las previsiones de numerosos organismos que apuntan un crecimiento a la baja. Junto a las dudas que persisten sobre el comportamiento de la economía y del empleo aflora un interrogante de vital importancia: cuántos millones de euros llegarán realmente a España entre las semanas que restan de 2021 y durante 2022, y cuál será el rendimiento económico y social que nuestro país obtenga de los proyectos que accedan finalmente a las ayudas. Por relevante que sea el contenido financiero de los Presupuestos, su tramitación está siendo sobre todo reflejo de la política partidaria. La polarización extrema favorece que el Gobierno se permita, con manifiesta opacidad, manejar pronósticos en solitario, comprometerse con el resto de la UE en términos equívocos y negociar con los socios de investidura sin que se sepa exactamente en qué consisten sus acuerdos. El debate entre Gobierno y oposición queda anulado y prevalecen las consignas. Una legislatura que el presidente Sánchez administra partido a partido, también al aprovecharse de la necesidad que EH Bildu tiene de blanquear su pasado. El siguiente partido será el de la reforma laboral, y la exigüidad parlamentaria impone al Gobierno entenderse consigo mismo para salvar el encuentro sin que importe cuáles sean las consecuencias de la fórmula concertada y con quién.