Los  379 asesinatos de ETA aún sin resolver constituyen una deuda que corresponde saldar al Estado de Derecho con todas las herramientas y medios a su alcance. Así lo exigen el derecho a la verdad, la justicia y la memoria de todas las víctimas. Resulta sobrecogedor que, diez años después del final del terrorismo, esos damnificados no hayan tenido el mínimo resarcimiento que supone la identificación de los culpables, su puesta a disposición de los tribunales y el cumplimiento de las penas que les correspondan. Los crímenes pendientes de aclarar representan casi el 40% de los perpetrados desde 1977, lo que ilustra la dimensión de una asignatura pendiente que, mientras lo esté, impedirá completar el duelo a las familias y añadirá dolor al irreparable daño causado por la barbarie terrorista. Un dolor que se ve agravado cuando además tienen que soportar el recibimiento público a los etarras cuando abandonan las cárceles, y que la izquierda abertzale, la misma que jamás ha condenado la violencia ni ha pedido perdón a las víctimas, es ahora un socio preferente para el Gobierno de España y el de Navarra. Un intento de blanquear a EH Bildu, que sigue sin moverse un ápice de sus posiciones. Una delegación del Parlamento europeo que estudia los atentados de ETA sin resolver, abandonó el pasado viernes España, “profundamente conmovidos” y pidiendo memoria, dignidad y justicia para las víctimas de esos asesinatos por esclarecer. La presidenta de la misión del Parlamento Europeo confirmó que los eurodiputados elaborarán un informe cuyo objetivo será que las víctimas obtengan justicia y descubran la verdad, sentenció que “hay derechos que se han pisoteado”y reclamó el esclarecimiento de esos casos como un derecho de los afectados. Ello implica la reapertura de diligencias por parte de la Fiscalía y de las fuerzas de seguridad en un intento de desentrañar la autoría y las complicidades de esos atentados al margen de que hayan prescrito. El espaldarazo de la misión de la Eurocámara aporta visibilidad a una demanda que es a su vez una obligación moral.