“Pasos hacia un nuevo Consejo General del Poder Judicial”

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Editorial DN

Publicado el 02/11/2021 a las 06:00

Los mensajes directos a los implicados, PSOE y PP, no exentos de una carga crítica, en la apertura del año judicial y en el 12 de octubre parecen haber surtido efecto. La renovación de los órganos institucionales, y en especial del Tribunal Constitucional, ha generado un clima propicio para la actualización a no muy largo plazo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo bloqueo produce no solo disfunciones en la justicia, sino también un desgaste en los actores que se muestran incapaces de cumplir con sus obligaciones constitucionales. En la renovación del TC se ha optado por el pragmatismo, y lejos de procurar la excelencia buscando a los juristas más acreditados, se ha designado a profesionales de toda confianza de las partes (en voto por cuotas, de intercambio acrítico de apoyos). Este es un déficit que arrastramos desde los albores del sistema. El mandato del CGPJ va camino de cumplir tres años en funciones, lo que supone un récord absoluto en democracia. Después del tiempo transcurrido, socialistas y populares, enconados hasta ahora en distintas posiciones, son cada vez más conscientes del desgaste que supone el bloqueo de este órgano constitucional, encargado del funcionamiento de los juzgados y tribunales y de velar por la independencia de sus miembros. Además, las instituciones teóricamente neutrales no han ahorrado indirectas para mostrar el sin sentido de mantener caducado más de un trienio el órgano vertebral de poder judicial. Todo indica que la condicionalidad del PP y del PSOE para sacar adelante la renovación del Consejo va camino de diluirse, y ambos partidos afrontan con expectativas un desenlace antes de Navidad. Parece claro que Partido Popular y Partido Socialista deberían deducir de este bloqueo la evidencia de que es absurdo pretender rentabilidad de semejantes incumplimientos. Con la particularidad de que tanto el PP como el PSOE, que son los partidos fundacionales del sistema y los que deben ser considerados partidos de Estado, han de defender escrupulosamente el marco constitucional frente a formaciones nuevas que lo cuestionan abiertamente o que pretenden provocar su deriva hacia pantanales inaceptables.

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