El brutal encarecimiento de la energía no es sostenible a corto y medio plazo. Ni para los millones de familias que lo sufren ni para un tejido productivo que ha visto disparado sus costes y amenazada su competitividad cuando empezaba a recobrar el pulso tras la crisis desatada por la pandemia. El parón por ese motivo de empresas con un uso intensivo de electricidad y el previsible arreón adicional de la inflación en cuanto se materialice el ya anunciado aumento del precio de alimentos y otros artículos básicos esbozan un escenario preocupante. El plan de choque aprobado por el Gobierno para contener la escalada del recibo de la luz se ha revelado insuficiente por el descontrol de los mercados internacionales. Además, ha desatado un pulso con las eléctricas al penalizar la generación renovable, hidráulica y nuclear con una tasa que el sector ha comenzado a derivar a los principales consumidores, lo que ha puesto contra las cuerdas a cientos de compañías. El público anuncio de Iberdrola de que, “en la medida de sus posibilidades”, asumirá el incremento de los costes a causa del desorbitado ascenso del gas sin repercutirlo a la industria para “ayudar” así a la prosperidad del país, pero a cambio de la retirada de la regulación que reduce sus ingresos, eleva la presión sobre el Ejecutivo. El sentido de la responsabilidad de este y de los grupos energéticos debería traducirse en un punto de encuentro razonable que priorice los intereses del país. Resulta difícilmente explicable que la UE renuncie a ofrecer una inmediata respuesta conjunta a una situación excepcional cuyas causas de fondo no pueden ser combatidas de forma eficaz solo con recetas nacionales. La cumbre de Bruselas desoyó ayer los llamamientos de Pedro Sánchez en ese sentido. No basta con la rebaja temporal de impuestos y tasas. Son necesarias acciones más ambiciosas, como la reducción del peso del gas en la fijación de los precios o una lucha más decidida contra la especulación con los derechos de CO2. Las reticencias encabezadas por Alemania a las reformas se basan en la convicción de que se trata de un problema coyuntural, aunque la subida es mucho más vertical y duradera de lo esperado. La UE debería saber que la inacción es una pésima consejera.