El acuerdo entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el Partido Popular, tras el repentino ofrecimiento de Pablo Casado para concertar la renovación de los órganos constitucionales con excepción del Consejo General del Poder Judicial, invita a la esperanza en un futuro de mayores consensos y menos guerras partidistas. El compromiso de pactar la composición del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, la Defensoría del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos obliga a acercar posturas respecto al órgano de gobierno de los jueces. Entre la exigencia del PP de reformar la ley orgánica para sintonizar sobre los integrantes del CGPJ y la insistencia de la coalición PSOE-Unidas Podemos de atenerse a la norma actual a la hora de cumplir con el mandato constitucional, solo cabría el punto medio de renovar ese órgano según la normativa vigente al tiempo que se concierta su reforma. Pero el giro de guion que el líder de la oposición introdujo en la sesión de control del miércoles en el Congreso genera algunos interrogantes sobre su alcance y continuidad. Falta por ver que las dos principales formaciones sean capaces de poner nombres propios que susciten una anuencia parlamentaria casi unánime. En otras palabras, que Sánchez y Casado no se aprovechen del desbloqueo institucional, tras un desencuentro total que han labrado durante meses, para poner en los puestos a renovar no ya a socialistas y populares, sino a personas adscritas al mando que ambos ejercen sobre sus respectivas familias políticas. Cabe preguntarse si el giro de guion da lugar a un nuevo argumento de concordia e institucionalización o se queda en una jugada rápida, que no va más allá de que los dos principales contendientes de cara al año electoral de 2023 se recoloquen para disputarse la centralidad sociológica a ratos. Siendo plausible que socialistas y populares comiencen a entenderse, siquiera puntualmente, ni Pedro Sánchez puede desentenderse de sus aliados izquierdistas e independentistas, ni Pablo Casado ningunear al resto del centro-derecha.