Diario de Navarra

El Gobierno ha indultado a los condenados por el delito de sedición y de malversación de caudales públicos. Nótese que ni el gobierno ni los partidos afines suelen hacer mención al delito de malversación, que quiere decir que se empleó dinero público para fines ilegales. Además, el Tribunal de Cuentas tasa en 10 millones de euros la responsabilidad contable de unos 40 altos cargos de la Generalitat de Cataluña por los desmesurados gastos en que incurrieron con motivo del supuesto referendo y no declaración de independencia. Con este dineral que pagamos todos se engrasó a todo aquel que pudiera influir, hacer propaganda o apoyar del modo que fuera al proceso independentista. Resulta que los supuestos apoyos al proceso independentista fueron mercenarios. El gobierno, con motivo de la campaña de promoción de los indultos no ha mencionado, que se sepa, los millones que costó el festejo. Tampoco se ha tenido en cuenta qué pensará el 50 por ciento de la población de Cataluña que no es independentista y que también se manifestó en contra del referendo, aunque a diferencia de los afines al independentismo, de una forma civilizada y pacífica. Pareciera que para que los intereses de un grupo sean tenidos en cuenta es necesario arrojar piedras a la policía produciendo graves lesiones a algunos agentes, quemar contenedores y saquear comercios. Como bien refleja el informe del Tribunal Supremo, en realidad el Gobierno se está indultando a sí mismo. Este punto tampoco ha sido demasiado analizado estos días. Lo que busca el presidente del Gobierno tiene poco que ver con la concordia y resolución del conflicto de un grupo de partidos independentistas con el Estado. Lo que pretende es o bien pagar deudas pendientes con quienes le apoyaron en el proceso de investidura, o bien asegurarse que mantiene el apoyo de esos mismos grupos políticos para poder prolongar su mandato. Abunda en esta idea el hecho de que se indulta a quien no ha pedido la gracia, a quien la ridiculiza por insuficiente y a quien repite sin cesar que volverá a cometer los mismos delitos. También resulta insólito que se inicien conversaciones con algunos de los grupos políticos del parlamento de Cataluña, sin participación de quienes representan a la mitad de la población. Más extrañas todavía son esas conversaciones o negociaciones con quienes solo las conciben para acordar el camino hasta un nuevo referendo seguido de nueva declaración de independencia. Llama la atención entre las barbaridades que se han escuchado estos días lo dicho por la portavoz del grupo socialista en el Congreso, que se ha ganado el premio a la tontería del mes. Afirma que los partidos de derechas (ella dice “la derecha”) estuvieron en contra de la Transición, lo que demuestra ignorancia supina sobre ese período de nuestra historia, o quizá sectarismo, o las dos cosas. Ahora resulta que Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo Sotelo, por citar a dos protagonistas de aquel cambio político, eran de izquierdas. Lo que menos se puede esperar de una portavoz en el Congreso es que no diga semejantes tonterías. También hay que resaltar lo dicho por los obispos de Cataluña, que se refieren a la misericordia, a la concordia y a la reconciliación. Nadie discute que esos sean valores y principios de la religión católica. Sin embargo, estas declaraciones no se ajustan a las exigencias del sacramento de la reconciliación. Los indultados no cumplen ni uno de sus requisitos. No se tiene noticia de que hayan hecho examen de conciencia y si lo han hecho, sin resultado. No han reconocido los pecados al confesor, léase no han colaborado con la justicia. No han mostrado arrepentimiento ni propósito de la enmienda, porque afirman que volverán a delinquir. Finalmente, no se tiene noticias de que hayan restituido el daño causado. También les ha faltado a los señores obispos la solidaridad con la mitad de la población catalana. Todo lo anterior hace que las declaraciones de los obispos me resulten incomprensibles. Convendría que las justificaran para tranquilidad de los fieles. Los condenados y ahora indultados incumplieron reiteradamente las resoluciones judiciales e incumplieron las leyes a sabiendas. En resumen, no respetaron el estado de derecho ni mostraron ningún respeto por las minorías, no tan minorías porque es la mitad de la población. El respeto al estado de derecho y el respeto a las minorías son condiciones indispensables para una democracia. Por lo tanto, resulta que quien ostentó el poder en Cataluña no tuvo precisamente un comportamiento democrático y quienes le suceden insisten en que continuarán por esa senda. El indulto a personas que se han comportado y siguen comportándose de esta manera, hace al gobierno más que sospechoso de ser corresponsable de la situación poco democrática que se vive en Cataluña y de poner por delante su interés personal sobre el general. En manos de quién estamos. Javier Carnicero. Ex director gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea. (Entonces Servicio Regional de Salud).

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“El Gobierno, con motivo de la campaña de la promoción de los indultos, no ha mencionado los millones que costó el festejo”

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