Diario de Navarra

El 14 de junio de 2012, y a instancias del PSN que gobernaba en coalición con UPN, el Pleno del Parlamento de Navarra aprobaba, con los votos en contra de NaBai y Bildu, la Ley Foral de la Transparencia y del Gobierno Abierto. Entonces se dijo que dicha ley “reforzaba la legitimidad” de la propia Administración; se configura un derecho de acceso a la información “menos restrictivo” y se propugnaban medidas para, en aras a una mayor claridad en la actividad pública y la gestión administrativa, fomentar la “participación y la colaboración” ciudadanas. El 28 de abril de 2016, con Barkos presidiendo el Gobierno de Navarra, se creó el Consejo de la Transparencia, órgano independiente que “con objetividad, profesionalidad, sometimiento al ordenamiento jurídico, autonomía y plena independencia, estaba destinado a promover la transparencia en la Comunidad Foral de Navarra”. El 10 de mayo de 2018, el Pleno del Parlamento aprobaba, con las abstenciones de UPN y PP, la Ley Foral de creación de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción, ley que tenía por objeto “fomentar el máximo grado de transparencia y buen hacer en el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas o actuaciones administrativas mediante la detección, prevención, investigación y erradicación de la corrupción y demás prácticas fraudulentas en el seno de las administraciones públicas de Navarra y las sociedades y entidades participadas por estas.” En la misma fecha se aprobaba la modificación de la Ley Foral 14/2004, del Gobierno de Navarra y de su Presidente, que introducía el artículo 68: “Investigados por delitos de corrupción”, sobradamente conocido por el lector, y que viene a mi memoria al escribir este artículo por las prisas que se dieron en cambiarlo después de la obligada dimisión de Ayerdi. Y sobrados de leyes, consejos y oficinas varias que nos decían garantizaban la transparencia, el gobierno de Barkos echaba a andar adjudicando a un hermano de la presidenta, mediante el procedimiento de “negociado sin publicidad”, la redacción del proyecto de ampliación del Instituto de Secundaria de Huarte; se contrataba a la empresa en la que trabajaba el marido de una consejera de Barkos; y Ayerdi concedía un préstamo a Davalor saltándose el procedimiento y los órganos de decisión de Sodena. Y de la mano de Barkos accedía Chivite a la presidencia del Gobierno de Navarra, y siguiendo las buenas prácticas de su predecesora, Chivite montaba una mastodóntica infraestructura de gobierno, sin justificar, y el consejero de Educación nombraba auxiliar de Gabinete a una cuñada; la mujer del senador del PSOE por Navarra era nombrada Directora de Transportes; la hermana del gran cerebro del PSOE, Santos Cerdán, era nombrada presidenta de la Mancomunidad de Residuos Sólidos Urbanos de la Ribera Alta; y la mujer del vicepresidente del Gobierno de Navarra, Remírez, accedía a un puesto en la empresa pública Nasuvinsa. Y Geroa Bai, socio de gobierno de Chivite, nombraba a “consortes de”, “hijo de” y “nuera de”; y el presidente del Parlamento nombraba jefe de gabinete al marido de la exconsejera Solana. Todo de manual de “buenas prácticas”. Y con todo este tingladillo legislativo montado como coartada para trasladar a la ciudadanía que son más transparentes que nadie, el pasado mes de mayo, y en sede parlamentaria, el Defensor del Pueblo informó que había trasladado dos quejas al Ministerio Fiscal en relación con asuntos de Sanidad, y que una de esas quejas había sido remitida al Juzgado, por parte de la Fiscalía, por considerar que ha habido delito. A preguntas de Navarra Suma al Gobierno, se ha conocido que el tema tiene que ver con supuestos pagos irregulares realizados por parte de una empresa de material sanitario a facultativos de la Sección de Hemodinámica del Complejo Hospitalario de Navarra. El tema florece al final de la legislatura de Barkos, cuando su gobierno ya estaba en funciones. Es el gobierno de Chivite el que debe gestionarlo, pero después de dos años de gobierno, no ha hecho otra cosa que suscribirlo a un problema interno. El denunciante trasladó su queja al Defensor del Pueblo, a la Sociedad Española de Cardiología-Asociación de Cardiología Intervencionista y a la Comisión de Deontología del Colegio Oficial de Médicos. El Gobierno de Navarra (SNS), aun sabiendo que los hechos se habían trasladado a la Fiscalía por parte del Defensor del Pueblo, no se ha personado como parte denunciante, es más, no se abre una investigación interna hasta enero de 2021. Y como el gobierno de Chivite todavía no ha creado una Jefatura de Servicio y/o de Sección dedicada a pagos irregulares, le endosa la gestión del asunto a una empresa externa (“Equipo de Facilitación”) y al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, artimaña sibilina para reducir la cuestión a un simple tema laboral obviando que se trata de un caso que está judicializado. Se ve que ni el Consejo de la Transparencia ni la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción, han entrado en esto. ¿Y quién está defendiendo al honesto facultativo que denunció el supuesto delito de cohecho? Pues un abogado, ya que lo que ha hecho el SNS es represaliarlo y separarlo del servicio. No cabe mayor desvergüenza. ¿Recuerda el lector a ese alto cargo del gobierno de Chivite que calificó al PSOE de “puta banda”? “Cuanto más corrupto es el Estado, más leyes tiene” (Cornelio Tácito). Chon Latienda Comentarista política

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"¿Quién defiende al honesto facultativo que denunció el supuesto delito de cohecho?"

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