Diario de Navarra

Después de su peripatética y larga conversación con Joe Biden, el presidente Sánchez ha hecho saber por sus canales habituales que informará al Congreso de los Diputados de los indultos a los políticos catalanes condenados por sedición... después de que los apruebe el Gobierno y los firme el Rey. Democráticamente hablando es como si presenta el programa electoral después de las elecciones o si “descubre” los Presupuestos Generales del Estado una vez que el Congreso los haya aprobado. ¡Y luego quieren que los ciudadanos mantengan la confianza en las instituciones! Si este fuera un país serio, lo que tocaría ahora es el debate sobre el estado de la nación que, por cierto, lleva sin celebrarse ¡desde 2015!, lo que demuestra el interés que tenía Rajoy y el que tiene Pedro Sánchez en someterse a ese fundamental instrumento de control parlamentario que debería celebrarse cada año. Si el presidente Sánchez convocara ese debate, allí podría explicar con claridad las razones para conceder el indulto a los políticos que intentaron un golpe de Estado, qué está dispuesto a negociar con los independentistas catalanes, qué acuerdos tiene con ellos para garantizar su permanencia en el Gobierno y cómo garantizará la libertad y la dignidad de quienes se oponen a los secesionistas en la propia Cataluña. Es curioso que los políticos socialistas y algunos medios echen en cara al PP que no explique su proyecto sobre Cataluña, cuando a estas alturas, el Gobierno lo oculta. Si hubiera un debate sobre el estado de la nación el presidente podría rendir cuentas sobre la gestión de la pandemia y sobre el día después de la inmunización de rebaño. Explicar cómo va a afrontar el desmedido crecimiento de la deuda pública y el déficit desmedido; cómo y en qué se van a gastar los Fondos Europeos para la reconstrucción; qué planes tiene para sectores como el turismo, nuestro “petróleo”, cómo va a afrontar la digitalización, la innovación y, también, la seguridad jurídica y el control de esos fondos. Tendría también que explicar cómo puede funcionar un país moderno que, en pocos días, ha sufrido hackeos que han tumbado los sistemas informáticos del SEPE o del Ministerio de Trabajo. Una Administración vulnerable, antigua, sin medios y con cientos de miles de interinos “fijos” es un freno para cualquier cambio. El presidente debería rendir cuentas sobre la “okupación” de empresas públicas por políticos socialistas; sobre el fracaso de las políticas de igualdad, como el Ingreso Mínimo Vital, que solo ha llegado al 20 % de la población prevista; sobre esa reforma laboral que exige Podemos y que Europa rechaza; sobre el impacto de destrucción de 180.000 empleos motivada por la subida del salario mínimo interprofesional, como ha denunciado el Banco de España; sobre las subidas de la luz y de los combustibles, que Podemos criminalizaba antes y que ahora ha cambiado por “consejos a los ciudadanos para ahorrar”. Y los sindicatos, mejor pagados y absolutamente callados. Seguramente, Sánchez no convocará ese debate porque así no tendrá que rendir cuentas del empantanamiento del TC y del Consejo General del Poder Judicial ni tampoco acerca de la lamentable política exterior española, de los errores graves del ministro Marlaska, especialmente con la política de acercamiento de presos etarras al País Vasco y el desprecio a las víctimas, de la cesión al PNV de las competencias en prisiones y de la gestión del Ingreso Mínimo Vital. De si ahora, con Belarra, puede dormir a pierna suelta. Y de otros muchos asuntos. España va bien. Cada vez más marketing y cada día más lejos de los problemas reales de los ciudadanos.

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“¡Y luego quieren que los ciudadanos mantengan la confianza en las instituciones!”

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