"El ajuste fiscal que prepara el Gobierno afectará a la totalidad de contribuyentes"

El Gobierno central ha hecho públicos los documentos que componen el Plan de Recuperación que remitió el mes pasado a Bruselas, donde incluye una amplia batería de medidas para cerrar la brecha de recaudación sobre el PIB de siete puntos que separa España de la media europea. El Gobierno prevé acometer en 2021 únicamente dos reformas prioritarias, la laboral y la de pensiones, por lo cual la hoja de ruta del plan, destinado a reorientar nuestro modelo económico, deja para el ejercicio 2022 el nuevo sistema fiscal. “Se va a emprender una reforma del sistema tributario, para garantizar un flujo de recursos que permita responder a las necesidades de gasto e inversión, contribuyendo a la reducción del déficit estructural y mantenimiento del Estado de bienestar, acercando la presión fiscal española a la media de países de la zona euro”. Lo que no explica el documento es el impacto de semejante afirmación. Pues bien, España, debido al mayor paro estructural (16,1% de la población activa) y a la economía sumergida (supera el 23%), que nunca han conseguido solventar ningún Gobierno mediante subidas de impuestos, cuenta con un pago conjunto de toda la población y empresas nacionales equivalente al 39% del PIB. Ese dato es lo que se denomina presión fiscal. Y la media de la UE, gracias al menor fraude fiscal y al mayor porcentaje de población que paga impuestos en mayor cuantía, se sitúa en una presión fiscal del 46% en el año 2019. Lo que se traduce en que elevar la presión fiscal de siete puntos supone para España, una subida de la recaudación impositiva de casi 80.000 millones más al año. El ajuste fiscal que prepara el Gobierno afectará a la totalidad de contribuyentes porque, en caso contrario, será imposible alcanzar el compromiso del propio Ejecutivo. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha encargado el mes pasado a un comité de 17 expertos, la elaboración en 2022 de un Libro Blanco sobre la reforma tributaria, un proyecto de reforma fiscal integral, empezando por gravar los beneficios empresariales, sobre todo a grandes empresas, modificando el impuesto de Sociedades y armonizando, es decir, subiendo los impuestos sobre la riqueza, Patrimonio y Sucesiones. En este grupo de revisiones, en un momento dado, podría enmarcarse “la paulatina desaparición de la reducción por tributación conjunta mediante el establecimiento de un régimen transitorio, debido a que genera un desincentivo a la participación laboral del segundo perceptor de renta (principalmente jubilados y mujeres con hijos a cargo)”, que aparece en el texto general del plan, pero no en la ficha tributaria, lo que no constituye mera “errata” del texto, como decía la ministra Calviño, sino una realidad en la declaración de renta de este mismo año. Pues bien, éstas son algunas de las claves de la reforma fiscal prevista, o desafíos que deberá afrontar la Comisión de Expertos: 1) Impuesto de Sociedades: la rebaja del tipo del impuesto del 30% al 25% desde 2015 ha mermado la recaudación, por lo que el Ejecutivo trata de recuperar la aportación de este tributo. El objetivo a medio plazo consiste en recuperar la potencia recaudatoria del impuesto, mediante su simplificación y revisión de exenciones y deducciones, de modo que se garantice una tributación mínima del 15% por los contribuyentes. 2) IRPF: el Gobierno ya aprobó en los Presupuestos Generales de 2021 una subida de dos puntos para las rentas del trabajo superiores a los 300.000 euros, y de tres para las del capital por encima de los 200.000 euros. Deberá decidirse si se mantiene o reduce el número de tramos del impuesto, si se hace más progresivo, o si se actualizan la deducción del mínimo familiar y personal, la tributación por módulos con los límites actuales, o el esquema a seguir para las rentas del capital. 3) IVA: España es uno de los países de la UE que menos recauda por este impuesto, pese a tener un tipo general de IVA (21%) similar a la eurozona. Deberá decidirse si se mantienen o reducen los bienes y servicios gravados con tipos reducidos (10%) o superreducidos (4%). Este impuesto indirecto es el más sensible a cambios y que más afecta al consumo, y es uno donde suelen hallarse más bolsas de fraude fiscal. 4) Patrimonio: es uno de los impuestos más polémicos, por generar una doble imposición. Los progresistas abogan por él, mientras los socioliberales pretenden su desaparición. La Comunidad de Madrid lo mantiene exento y sin efecto alguno, no así Navarra. 5) Sucesiones: se trata de un impuesto cedido a las comunidades autónomas, que mantienen desde hace años una competencia fiscal a la baja. Deberá decidirse la armonización del tributo para evitar diferencias como las actuales entre las comunidades autónomas. 6) Impuestos verdes: se trata de uno de los retos más importantes para los expertos. La Comisión Europea lleva años advirtiendo a España que debe aumentar la fiscalidad medioambiental, ya que somos uno de los países que menos recauda por estos impuestos. En definitiva, España se queda sola en Bruselas, es prácticamente el único país europeo que prevé subir impuestos. Francisco Javier Sagüés Sala. Abogado.

"El ajuste fiscal que prepara el Gobierno afectará a la totalidad de contribuyentes"

España se queda sola en Bruselas, es prácticamente el único país europeo que prevé subir impuestos

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