El parlamentario del PSN Ramón Alzórriz comparecerá el próximo día 30 en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo. Por la Cámara Alta también está previsto que pase su pareja, que estuvo en nómina en la empresa de Antxon Alonso Servinabar entre 2021 y 2024, aunque todavía no hay fecha. Lo mismo ocurre con otras comparecencias aprobadas, a petición de UPN, entre las que figuran la ministra Elma Saiz o los consejeros Javier Remírez y José Luis Arasti.

Ramón Alzórriz fue vicesecretario general del PSN y portavoz del grupo parlamentario hasta que hace un año renunció a estos cargos tras descubrirse que, debido a su relación personal con Antxon, había conseguido que el empresario guipuzcoano la contratara en Servinabar como técnico de prevención de riesgos. La pareja dejó la empresa en 2024 cuando este periódico publicó las presuntas irregularidades en el proceso de adjudicación de las obras de Belate a la UTE formada por Acciona, Osés y Servinabar. Además, Alzórriz ha mantenido una estrecha relación de amistad con Santos Cerdán, investigado por el presunto amaño de obra pública en el caso Ábalos, por presunto tráfico de influencias en el caso SEPI y por su eventual papel en la obstrucción de causas judiciales en el caso Leire.

Además, el junio de 2025, VOX presentó en el juzgado de guardia de Pamplona una querella por el presunto trato de favor a la empresa Adentro Construimos, que le reformó el piso donde residen Alzórriz y su pareja, según este partido, . Esta constructora se adjudicó cuatro contratos en Sendaviva que están siendo investigados por un presunto troceamiento para  evitar la licitación abierta. También hizo obras en la sede del PSN.

La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia nº 5 de Pamplona dictó en mayo un auto con la admisión de la querella contra el gerente de Sendaviva y el dueño de Adentro Construimos, por los posibles delitos de cohecho y tráfico de influencias. Con respecto a Alzórriz, al ser aforado, remitió la querella a la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. El pasado 12 de junio, el TSJN inadmitió la querella. En el auto se señala que no se han aportado pruebas que relacionen los contratos de Sendaviva con la reforma de la vivienda del parlamentario.