El Gobierno de Sánchez tiene por delante un paquete de reformas tan ineludibles como controvertidas que no podrá aplazar más tiempo al formar parte de los compromisos adquiridos con la Comisión Europea para acceder a los 140.000 millones en ayudas para la reconstrucción de la economía tras la covid. Los cambios legales afectarán a cuestiones sensibles como el mercado de trabajo, el sistema de pensiones y la fiscalidad, y deberán ser aprobados a finales del presente año y en el transcurso del próximo. El Ejecutivo ha esbozado sus objetivos en un documento con más generalidades que concreciones remitido a Bruselas, donde los criterios imperantes en esas materias contradicen los postulados de los dos socios de la coalición, cuyo pragmatismo y cohesión interna serán puestos a prueba en un desafío trascendental para el futuro del país. España no está en condiciones de prescindir de los fondos extraordinarios habilitados por las UE, a los que ha fiado la recuperación de su tejido productivo y social. Los requisitos para conseguirlos conllevarán previsiblemente medidas contrarias al discurso del PSOE y Unidas Podemos, con el consiguiente riesgo de desgaste ante su electorado. Las líneas maestras de la reforma laboral anunciada a la UE corrigen la aprobada por el PP, pero sin derogarla, como reivindican la formación morada y los sindicatos, y limitan a una vaga promesa de modernizar la negociación colectiva el porvenir de dos de los apartados “más lesivos” de esa regulación, según el Gobierno: la prevalencia de los convenios de empresa sobre los sectoriales y la validez de los firmados una vez vencida su vigencia hasta que no sean renovados por otros. Es deseable el acuerdo en negociación con los agentes sociales, aunque las sustanciales diferencias entre ellos no permiten albergar un excesivo optimismo sobre un consenso. Lo mismo sucede con las pensiones, cuya sostenibilidad futura ofrece múltiples alternativas que incluirán sacrificios de una u otra índole. A ella seguirá una nueva regulación tributaria, con impuestos verdes y peajes en las carreteras que ya han sembrado polémica. Vienen meses de decisiones complicadas en las que el buenismo topará con la cruda realidad.