"El laberinto de las ayudas puede resultar disuasorio para muchos comercios y bares"

El reparto de 11.000 millones a empresas afectadas por la covid debe combinar el rigor con condiciones no disuasorias para los afectados, especialmente los pequeños autónomos

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Diario de Navarra

Actualizado el 13/03/2021 a las 06:00

El Consejo de Ministros extraordinario de ayer resolvió a quiénes podrán ir los 11.000 millones de euros en ayudas anunciados por el presidente Pedro Sánchez el 25 de febrero y sus condiciones. De esa cifra, 7.000 millones serán repartidos por los gobiernos autonómicos a favor del turismo, la hostelería y el comercio; 3.000 aliviarán la carga financiera asumida por infinidad de negocios con los préstamos ICO y los 1.000 restantes servirán para recapitalizar proyectos empresariales.

Navarra podría recibir en torno a 70 millones del nuevo paquete de ayudas a fondo perdido. Es justo que tan demandada inyección de dinero público exija que sus beneficiarios se mantengan activos al solicitarla, se encuentren al día de sus obligaciones tributarias y ante la Seguridad Social, y no utilicen esos recursos para repartirlos entre accionistas o directivos. Se trata de que puedan responder al pago de salarios pendientes, proveedores, alquileres y deudas bancarias, siempre que la empresa necesitada haya sufrido una caída de la facturación del 30% respecto a 2019. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, fió la efectividad de las ayudas para como mínimo dentro de mes y medio, lo que permite suponer que esa -a finales de abril- sería la fecha en la que se concretaría la letra pequeña y podría iniciarse su tramitación.

Un laberinto tan condicionado y estrecho que resultará disuasorio para muchos comercios y bares. La intrincada prueba a la que someten a las empresas que decidan optar a esas ayudas obligaría a revisar condiciones que podrían hacer poco menos que inservible la iniciativa porque se basan en requisitos que no estaban presentes en el funcionamiento ordinario de pymes sujetas al día a día. Requisitos que son justos, pero que tienden a alejarse de una realidad a la que se debe la administración de los intereses comunes. En otras palabras, dependiendo de cómo se escriba la letra pequeña final de la normativa podrá haber pequeñas firmas, comercios y autónomos que alivien sus cargas o que no tengan otra solución que dar el relevo a otros emprendedores.

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