El tratamiento penal de actuaciones más o menos censurables pero que pudieran acogerse a la libertad de expresión precisa de una reflexión correctora de la legislación vigente, que debe ser abordada con el máximo consenso y el rigor jurídico preciso. Pero el hecho de que los dos socios del Gobierno hayan convertido la cuestión en materia de confrontación mutua dificulta sobremanera el propósito. La presentación por parte de Unidas Podemos de una proposición de ley que plantea la derogación del delito de injurias a las instituciones del Estado y a la Corona y contra los sentimientos religiosos, así como despenalizar el enaltecimiento del terrorismo no solo alerta sobre la sucesión de desavenencias que ponen en peligro la solvencia del Ejecutivo. Indica que en este Gobierno coexisten visiones incompatibles sobre el punto en que la libertad de expresión puede subvertirse hasta afectar gravemente a las instituciones de la democracia y a quienes las encarnan, contravenir el ejercicio pleno de la libertad religiosa o justificar el uso de la violencia de manera retrospectiva o de cara al futuro. La formación de Iglesias ha dado ese paso, además, sin encomendarse al protocolo establecido en el acuerdo de coalición para concertar toda iniciativa legislativa y después de que el Ministerio de Justicia avanzase su intención de promover la revisión del Código Penal a ese respecto. La opinión libre no puede derivar en inducción para la comisión de actos ilícitos, ni en la difusión deliberada de falsedades en un entorno normativo de impunidad. Aunque lo censurable penalmente nunca debieran ser los adjetivos empleados para calificar hechos o personas, sino las imputaciones gratuitas y, sobre todo, los llamamientos a desbordar la legalidad violentando los derechos de los demás. La despenalización en ningún caso debería hacer creer a nadie que el ejercicio de la libertad de expresión está a salvo de las críticas y los reproches que suscite en el ejercicio de esa misma libertad. Resulta preocupante que los miembros del Gobierno expliquen estas y otras desavenencias entre sus socios a causa de la campaña electoral en Cataluña.