La concentración ayer de los hosteleros ante la sede del Gobierno de Navarra “para rechazar que el sector está pagando los platos rotos de la pandemia” y señalar que las ayudas del Ejecutivo no son suficientes, coincidió con la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que se inclinó a favor de las asociaciones de hosteleros, frente a las medidas adoptadas por el Gobierno autonómico para el cierre de sus establecimientos en las localidades en zona roja de transmisión del coronavirus. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal vasco vino a admitir que no hay evidencias de que bares, cafeterías y restaurantes sometidos a reducciones de aforo, a grupos de entre cuatro y seis personas, a la obligación de consumir sentados y al distanciamiento entre los mismos den lugar a un “riesgo cierto y grave para la salud pública”. Es de suponer que el problema surge cuando se incumplen algunas o todas esas medidas, y en las dinámicas que se generan en una estancia prolongada en torno a una mesa en la que se prescinde de mascarillas durante más tiempo que el preciso para la ingestión, y en la ocupación del espacio público fuera de los establecimientos de hostelería. La resolución judicial apunta a una falla en las decisiones públicas cuando señala los “encuentros y reuniones familiares” como focos del 80% de los contagios que tuvieron lugar en torno a la Navidad, y se remite en tal consideración al parecer de “una parte importante de los epidemiólogos”. Lo que en el fondo queda en evidencia es que las decisiones administrativas de restricción tampoco parecen tener detrás un dictamen científico, pese a que ayer la presidenta Chivite volvió a insistir en que la “evidencia científica y los datos dicen que hay riesgo en el interior de los bares”. La resolución del TSJPV no sienta jurisprudencia, pero pone en entredicho los argumentos empleados para el cierre de la hostelería en las comunidades donde rige tal medida, como es el caso de Navarra con el interior de los locales, extendiendo el debate a las administraciones concernidas -al Gobierno central y a los Ejecutivos autonómicos- y la posibilidad de revisar sus pautas de actuación en esta lentísima remisión de la tercera ola.