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Opinión de Chon Latienda

Chon Latienda
Chon Latienda
  • Chon Latienda
Actualizada 07/02/2021 a las 06:00

El 10 de mayo de 2018, el pleno del Parlamento de Navarra aprobaba, entre otras cuestiones, y a propuesta de Geroa Bai, la modificación de la “Ley Foral 14/2004 de 3 de diciembre del Gobierno de Navarra y de su Presidente”, ley que introducía el artículo 68, “Investigados por delitos de corrupción”, que ya es sobradamente conocido. Era la consejera de Presidencia del Gobierno de Barkos, Mª José Beaumont, la que exponía al pleno los distintos dictámenes que se iban a someter a votación. Beaumont, esa consejera que llegó a su departamento con la sana, por supuesto, intención de “levantar alfombras” y que tuvo que reconocer que no encontró irregularidades en la gestión de los anteriores gobiernos de UPN. Sigo. Cincuenta parlamentarios, algunos de ellos licenciados en Derecho, como la consejera Beaumont, dieron el visto bueno a ese artículo 68 sin rechistar. Nadie reparó, ni los servicios jurídicos del Parlamento lo advirtieron, que ese artículo 68 vulneraba la presunción de inocencia, como ahora argumentan los afectados.

Y el pasado 1 de diciembre, el Tribunal Supremo acordaba la “apertura de procedimiento” contra Manu Ayerdi por su gestión en Davalor, y el artículo 68 le estallaba en toda la cara al partido impulsor, Geroa Bai, y más concretamente al PNV. Todos los del cuatriparido que en 2018 aprobaron el artículo 68 sin reparar en las consecuencias, pasaban a erigirse en expertos letrados haciendo una interpretación interesada del documento del Tribunal Supremo para demorar la dimisión de Ayerdi. La propia Chivite también hacía una interpretación libre del artículo 68 añadiendo matices que no figuran en el texto. Y Ayerdi, con fecha 13 de enero, enviaba una carta al Tribunal Supremo haciéndole saber al magistrado designado como instructor que no se iba a personar en la causa porque, “por una norma especialísima”, tendría que dimitir, olvidando decirle al magistrado que esa “norma especialísima” la propuso su gobierno y la aprobó él mismo. Y PSN, Geroa Bai, Bildu y Podemos seguían diciendo que Ayerdi sólo estaba investigado con la puntita. Y Chivite decía el pasado 27 de enero que la salida de Ayerdi del Gobierno “era cuestión de días”, aunque sólo un día después, el 28 de enero, saltaba la sorpresa en Las Gaunas y se publicaba, sin todavía Ayerdi haber dimitido, el nombre de su sucesor. Golazo de Geroa Bai a Chivite por toda la escuadra.

Y llegó el día 29 de enero. Y Ayerdi presentó su dimisión: “Dimito porque no es bueno prolongar esta situación”, dicho esto 45 días después de que el Tribunal Supremo le abriera causa penal. El resto de su alegato, de manual de dimitido: loas a su propia gestión y a la de su equipo; gracias infinitas a Barkos y Chivite; muchos muxus a familiares y amigos; y culpas de su dimisión a la oposición por haber puesto en manos de los tribunales su gestión, cosa que ni Ayerdi ni su partido hicieron en 2014 cuando acusaron a Barcina y Goicoechea de injerencias en la Hacienda Foral pidiendo, el propio Ayerdi, la dimisión de ambas y un adelanto electoral.

Y después de Ayerdi salieron los del Napar Buru Batzar, concretamente Andoni Ortuzar que desde su cuenta de twitter, decía: “La mezquindad política de UPN se lleva por delante, momentáneamente, a una persona capaz y entregada al servicio público. Toda nuestra solidaridad y apoyo hacia él. Sentimos como propia la injusticia que se está cometiendo”. Ortuzar ya debería tener callo con la cantidad de imputados, y algunos condenados, que ha habido en su partido (caso “De Miguel”). A mí lo que más me interesa ahora mismo es que Ortuzar nos diga a los navarros si tiene relación con alguna de las empresas acreedoras de Davalor.

¿Y qué ha dicho el PSN? Pues dos años después de decir que consideraban “un escándalo los datos que se van conociendo de Davalor” y de exigir responsabilidades políticas a Barkos por la gestión de Ayerdi, el vicepresidente Remírez se despachaba en twitter con un “ha sido un placer compartir equipo con Manu, persona comprometida, sensible y capaz”, aunque tampoco te puedes esperar mucho más de un vicepresidente de gobierno que felicita al personal del servicio del BON por publicar los BON. ¡Con lo que nos cuestan las jefaturas de gabinete y tener que leer esas patochadas!

¿Y Chivite qué ha dicho? Repetir como un loro que ella está para “cumplir y hacer cumplir la ley” a pesar de que en el mes de abril ya había incumplido la ley 12/2004, artículo 68, cuando el Director de Administración Local, del PSN, fue citado como investigado y ni dimitió ni fue cesado por la presidenta. Y después de la resaca por la dimisión de Ayerdi; a PSN, Geroa Bai, Podemos e I-E les ha faltado tiempo para mostrar “su firme voluntad” de reformar ese artículo 68 que, digámoslo clarito, se redactó pensando en que los únicos “investigados por delitos de corrupción” serían de UPN, y ahora que el cuatriparido ha visto que su gestión también es susceptible de ser investigada por los tribunales, les urge cambiarlo. Barkos ha dicho que “urge de manera rotunda la reforma”, como no podía ser de otra manera, no sea que empiece a engrosar la lista de dimitidos. Alzórriz, del PSN, ha declarado que en el momento que se aprobó la ley, “había una alarma social grande, había los casos de corrupción del PP como Púnica”. Se le olvida a Alzórriz que en el caso Púnica también hay imputados del PSOE; y se le olvida a Alzórriz que en el momento en que se aprobó la ley, la “alarma social grande” estaba generada por el caso de los ERE en Andalucía, el mayor caso de corrupción en España, un fraude escandaloso de 680 millones de euros, gastos en cocaína, putas y mariscadas incluidos, con dos expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía, una exministra del gobierno de Zapatero y otros 16 ex altos cargos de los gobiernos socialistas, condenados. “Es mejor tener la boca cerrada y parecer estúpido que abrirla y disipar la duda” (Mark Twain).
Declarar a Navarra “zona catastrófica” era por esta podredumbre política, ¿no?


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