Dimisión en el tiempo de descuento
Publicado el 29/01/2021 a las 12:16
Manu Ayerdi, consejero de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra, se ha visto obligado a dimitir después de que se le notificase su condición de investigado por el Tribunal Supremo. El paso dado al mediodía de hoy evidencia la inútil resistencia del consejero a permanecer en el cargo y de la presidenta para proceder a su sustitución. La continuidad de Ayerdi al frente del departamento económico se hacía inviable, tras conocerse el pasado mes de diciembre la apertura de una investigación por la concesión a la empresa Davalor de seis préstamos del Gobierno foral con un importe de 2,6 millones de euros entre 2015 y 2017. Una investigación por los presuntos delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos. Independientemente de la responsabilidad política y penal del consejero al conceder dichos préstamos al margen de los informes técnicos de Sodena, Ayerdi es víctima de una norma promovida por el gobierno del que él mismo formaba parte en la pasada legislatura. Se modificó la ley de manera que un cargo debía dimitir en el momento que se le declarase investigado.
Por tanto, aunque el consejero defienda su inocencia con toda vehemencia, no puede ahora lamentarse porque se le aplique un artículo aprobado en el Parlamento, al margen de su inocencia o culpabilidad. Tampoco la presidenta Chivite ha mostrado la diligencia que cabría esperar para solventar la crisis de la forma más rápida posible con el cese de Ayerdi y el nombramiento de su sustituto. Más cuando la propia presidenta reconocía hace algunas fechas que la salida de Ayerdi del Gobierno foral era "cuestión de días". Además resulta un tanto absurdo que se hubiera filtrado el nombre del sustituto, el nacionalista Mikel Irujo, actual director general de Acción Exterior, cuando todavía Manu Ayerdi seguía en el puesto con su agenda de consejero. No tenía ningún sentido alargar una agonía política sabiendo que el final sólo podía ser la dimisión o el cese.
