Manuel Pulido: A vueltas con la elección del CGPJ

La renovación de los órganos constitucionales ha sido desde antiguo problemática. No solo en nuestro país. Es conocida la crisis de renovación del Tribunal Constitucional alemán en los años cincuenta del S. XX en tiempos de Konrad Adenauer con una prórroga larguísima, pero los alemanes lo solventaron sacando conclusiones para evitar que sucediera en el futuro como así ha sido. Entre nosotros, cada renovación del Tribunal Constitucional, del Consejo General del Poder Judicial, del Defensor del Pueblo, e incluso de ciertas autoridades independientes, ha sido tarea laboriosa. La gran diferencia con nuestros socios alemanes es que aquí se sale al paso en cada elección sin tomar medidas para que el problema no vuelva a plantearse. Normalmente se ha utilizado la táctica de dejar pasar el tiempo o utilizar la técnica traída de Italia, la llamada lottizazione, consistente en pactar lotes o cuotas, normalmente haciendo un package, es decir, metiendo en el mismo saco la renovación de magistrados del TC, del CGPJ, el Defensor o de los vocales del Tribunal de Cuentas. Así es más fácil negociar, hay más cargos que repartir. Todo ello no es muy edificante, pero es o ha sido la realidad. La dura o fea realidad, si se quiere. Lo que no había ocurrido hasta ahora es querer manipular las mayorías, con el pretexto de evitar los bloqueos. Imagínense, si universalizásemos la solución y tanto en las crisis de gobierno de estos últimos años como en la elección de cualquier otro órgano, se hubiese optado por cambiar las mayorías requeridas, y ya puestos por qué no, hacerlo por decreto ley. El disparate es mayúsculo y como diría Fouché es peor que un crimen, es un error, un big mistake, que dirían los americanos. Pues dañaría nuestra Constitución, el equilibrio de poderes y por ende, la división de poderes, aunque en nuestro sistema haya poca división de poderes, porque el Legislativo y el Ejecutivo, salvo excepciones, obedecen a la misma mayoría, y el Judicial está también como se ve, parlamentarizado. El carácter difuso del Poder Judicial hace posible la independencia, aunque las cúpulas estén más politizadas. Algunos preguntarán qué se quiere hacer. Pues es muy sencillo: el CGPJ se compone de 20 miembros, 12 judiciales y 8 juristas de reconocido prestigio, elegidos por las Cámaras. El presidente, que lo es también del Tribunal Supremo, se elige entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición y es ratificado por los veinte vocales, previamente instruidos al efecto. Desde 1985 se produjo en nuestro sistema de elección una mutación constitucional consistente en cambiar el sistema de elección de los 12 judiciales, que ahora son también elegidos por las dos cámaras, seis por el Congreso y seis por el Senado, por mayoría de tres quintos. Dicha mayoría se estableció en la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, a imagen de lo establecido en el artículo 122 de la Constitución para el turno de juristas. Pareció entonces (1985), que bastante cambio suponía alterar el sistema de elección de los 12 de judiciales basculando la elección entre los propios jueces a la parlamentaria, para establecer una mayoría distinta de la establecida en el precepto constitucional, 3/5. La lógica de Fernando Ledesma (ministro de Justicia en aquel entonces), era la siguiente. Si se parlamentariza la elección de los miembros del CGPJ, todos deben tener la misma legitimidad, la de ser elegidos por los 3/5 de cada Cámara, Congreso y Senado. Tan es así que hasta el TC en su poco afortunada sentencia 108/1986, de 29 de julio, salvó la constitucionalidad de la elección, al afirmar en su fundamento jurídico 13, “que la finalidad de salvaguardar en la composición del Consejo el pluralismo existente en el seno de la sociedad podía también llevarse a cabo mediante la facultad de nombramiento de las Cortes de los procedentes del Cuerpo de Jueces y Magistrados, máxime cuando la LOPJ adopta ciertas cautelas, como la de exigir una mayoría cualificada de tres quintos en cada Cámara”. Ese equilibrio que buscó el Tribunal Constitucional al modificarse un sistema de elección que validó mediante la técnica de las llamadas “sentencias interpretativas”, es la que pretende cambiar hoy el Gobierno, de una manera oblicua, por la puerta trasera de las proposiciones de ley y sin consenso parlamentario, al pretender que los vocales judiciales puedan ser elegidos en segunda votación por mayoría absoluta, evitando así el concurso del resto de las Cámaras. Algunos creerán de buena fe, que un procedimiento tan poco riguroso como el diseñado, no tiene otro fin que el conducir al PP a la negociación. Retirada de la proposición a cambio del consenso, pero como Santo Tomas habrá que ver para creer, pues el cesarismo de nuestro presidente es tozudo y resiliente. Manuel Pulido Quecedo. Doctor en Derecho Constitucional.

A vueltas con la elección del CGPJ

El disparate es mayúsculo y como diría Fouché es peor que un crimen, es un error, pues dañaría nuestra Constitución y la división de poderes

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