El laberinto burocrático de los ERTEs

La crisis económica que el covid nos ha arrojado a la cara también produce paradojas. Aquí va una de ellas. Que los ERTEs, el instrumento que ha permitido salvar cientos de miles de empleos en lo peor del confinamiento, naufrague luego en una ciénaga burocrática que deja miles de damnificados. En definitiva, que un gran acierto pierda parte de sus bondades en una mala ejecución. Pero así es. Los ERTE, las suspensiones temporales de empleo, han permitido descargar a las empresas del pago de salarios durante unos meses para evitar los despidos. Un exitosa arma legal impulsada por el Gobierno, la oposición, los empresarios y los sindicatos que ha hecho que el descalabro del empleo sea mucho más limitado que lo que la crisis parecía indicar. El acordeón de los ERTE. En Navarra, pudo haber más de 50.000 trabajadores acogidos a ERTE en abril (el peor mes del confinamiento) y luego se han ido reducido hasta menos de 8.000 a finales de agosto según los datos oficiales. Trabajadores de la industria, de la hostelería, del comercio, del sector del ocio y el turismo, etc.. El ministro del ramo, José Luis Escrivá, destacaba además hace unas semanas que Navarra es la comunidad en la que se han reintegrado a trabajar un mayor porcentaje de personas que han estado en ERTE. Un 86% en Navarra frente a un 75% a nivel nacional con datos de mediados de agosto. Buena noticia que habla además de un menor riesgo de que los ERTE “se cronifiquen”. De hecho, Gobierno y agentes sociales están negociando estos días cómo prorrogarlos más allá de septiembre a la vista de que hay sectores (como el turismo) que van a tardar mucho más en recuperarse. Una factura que se dispara. Los ERTE, claro, los paga el Estado. Es dinero público. Mucho dinero público además. En abril llegó a haber 3,4 millones de españoles cobrando un ERTE y la factura ha sumado unos 8.000 millones sólo durante los tres primeros meses de pandemia, hasta julio. Por tanto se trata de un instrumento que hay que administrar con prudencia. Los desatinos. Además, su puesta en práctica está dando lugar a numerosos despropósitos. Porque una cosa es diseñarlo en un despacho de Madrid y otra ejecutarlo. Del pago de los ERTE se encarga el SEPE, el organismo del Estado que tramita el cobro del paro. Y una entidad a la que los ERTE han desbordado porque han multiplicado por diez su trabajo de un mes para otro. Resultado: un enorme atasco de expedientes. Eso hace que en agosto todavía había algunos navarros que no habían podido cobrar su ERTE y otros que, debiendo no hacerlo ya, todavía reciben un dinero que no es suyo. Tal cual. Y todos los afectados están atrapados en un laberinto burocrático. El que recibe dinero de más tiene un problema. Porque hace falta pedir cita o esperar que le envíen una carta para devolverlo con garantías, ¡y puede tardar meses! Parece imposible, pero es la pura realidad. Ni devolver el dinero es fácil. Sin contar que los que tienen hijos a cargo todavía no han cobrado por ellos porque el programa no los incluyó y ahora el SEPE ha tenido que pedir los datos a la Hacienda foral. Que ya se los ha enviado, por cierto. La culpa de no es de los trabajadores. Y la culpa no es de los trabajadores del SEPE, no. A ellos los ha arrastrado el tsunami. El mismo que han sufrido decenas de graduados sociales y asesores laborales que también han vivido unos meses de pura agonía con el engorro de los cambios, los problemas y las enormes dudas a la hora gestionar los ERTE que nadie les era capaz de aclarar. Colectivos pequeños, con escasa visibilidad, pero que han sido los paganos de esta situación. Agilidad y soluciones. El lío, en realidad, lo han generado los responsables políticos, en Madrid, en el Ministerio, que no han sentido la necesidad imperiosa de simplificar y contratar los refuerzos necesarios para asegurar que el sistema funcione. Se hace muy difícil de entender que en la era digital los expedientes se acumulen. Fallan muchas cosas. Inversión en digitalización, la primera. Agilidad para mover recursos humanos de un departamento a otro, como plan B, la segunda. Porque los ciudadanos no entienden de divisiones entre ministerios ni administraciones. Y hacen bien. Piden agilidad y soluciones. Y no los encuentran.

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