Diario de Navarra

La capacidad redistributiva de la última red de protección económica -el sistema de prestaciones de garantía de ingresos mínimos- es muy limitada, según afirma el informe del Observatorio Social de la Fundación La Caixa, de abril de 2020. A diferencia de otros países, en España no hay una única red, sino un mosaico muy complejo de prestaciones, con lagunas de protección y grandes diferencias territoriales en la protección del riesgo de pobreza. En la última crisis, la desigualdad creció y ha ido disminuyendo a un ritmo muy lento en comparación con la recuperación del empleo. Esta situación que ya vivíamos, unida a la próxima crisis económica derivada de la pandemia originada por la covid-19, que ya se comienza a atisbar, ha llevado al Estado a introducir una nueva prestación, el Ingreso Mínimo Vital, como última red de protección social para atender a las personas que queden desamparadas. El Ingreso Mínimo Vital es una renta mínima asegurada para las personas que hayan quedado al margen de los paquetes de ayudas aprobados hasta ahora para hacer frente a la crisis ocasionada por el covid-19 y es compatible con otras prestaciones autonómicas y con los rendimientos del trabajo. El Ingreso Mínimo Vital constituye, además, un avance histórico en la lucha contra la pobreza severa, especialmente la infantil y a favor de la inclusión social. Sin embargo, una cuestión recurrente ante este tipo de medidas es si pueden llegar a desincentivar la búsqueda de empleo y lo que las personas expertas denominan “trampas de pobreza”, que traen como consecuencia que la mera existencia de la ayuda retraiga a las personas de esta búsqueda. Esta consecuencia puede llegar a ser una realidad y para evitarla, una de las cuestiones más positivas que la medida lleva aparejada (y a las que también hay que prestar atención) son los mecanismos incentivadores del empleo y de la inclusión social con el fin de que las personas beneficiarias puedan salir de la exclusión mediante itinerarios flexibles y adaptados. Es decir, la ayuda económica irá inherentemente unida a un plan para acceder a la economía formal. Desde hace años se está demostrando la eficacia de otras prestaciones de garantía de ingresos, como puede ser la Renta Garantizada que tenemos en Navarra, para favorecer la inclusión social. Consolidando unos ingresos mínimos se asegura la cobertura de las necesidades más básicas de las personas, sosteniendo el consumo de bienes y permitiendo a las personas receptoras centrarse en la búsqueda activa de empleo, que supone una de las estrategias más prometedoras para la inclusión social. Claro está, siempre que se otorgue y aplique con lógica y con el debido seguimiento y control. Aún es muy pronto para hablar del impacto económico y social que tendrá la nueva medida estatal, pero sí que se puede afirmar que es una forma eficaz de proteger a la sociedad de forma estructural en su conjunto. Sin duda, es un prometedor paso que permitirá que parte de la ciudadanía tenga un futuro menos penoso a la espera de que las estructuras económicas de esta misma sociedad les otorgue una nueva oportunidad. María Ibarrola Lostalé. Socióloga

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Ingreso Mínimo Vital e inclusión laboral

Es un prometedor paso que permitirá que parte
de la ciudadanía tenga un futuro menos penoso

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