Diario de Navarra

Después de la segunda Gran Guerra, el abandono en las sociedades occidentales de la política del laissez faire (liberalismo), condujo a una creciente intervención del Estado en la sociedad civil, a lo que los ingleses llamaron welfare state (Estado del Bienestar). El profesor tedesco Fortthoff explicó la necesidad del intervencionismo de una manera sencilla: “El espacio social sometido al dominio individual se ha ido reduciendo progresivamente y, en nuestros días, los ciudadanos dependen absolutamente de unos servicios esenciales que solamente el Estado puede garantizar”. El primitivo Estado liberal abstencionista ha sido sustituido en nuestras sociedades por el que llamamos Estado Social, luego completado como democrático y de derecho. Así lo define nuestra Constitución (artículo 1.1): “España se constituye en un Estado Social y democrático de Derecho”. La expresión Estado Social responde a la idea de que los poderes públicos no solo tienen como función el reconocimiento, proclamación y tutela de las libertades y derechos ciudadanos, empezando por los fundamentales, sino también la de su constante promoción. Es a esa promoción a lo que llamamos intervencionismo. La fórmula empleada por nuestra norma fundamental para señalarlo, es la contenida en el artículo 9.2, conforme a cual, “corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas…”. Aunque más que el Estado Social de Derecho, este precepto definió las bases del ideario democrático: la libertad y la igualdad. Por influencia de la ideología socialista y de su revisión socialdemócrata, la exigencia de intervención del Estado para atender a necesidades sociales esenciales condujo, en mayor o menor medida, según los países, a la asunción directa por la propia estructura del Estado de los correspondientes servicios, singularmente, aparte de los tradicionales, la Educación, la Sanidad y la Seguridad Social, materias que suponen las mayores partidas de gasto del erario público. Pero no se detuvo ahí el Estado intervencionista. De instituciones y entes públicos proliferaron de forma masiva todo tipo de empresas públicas y entidades de variada configuración, al margen del régimen jurídico administrativo. En España, esa realidad adquirió mayor complejidad con el nacimiento de las Comunidades Autónomas y la existencia de más de diez mil ayuntamientos. No hace falta explicar a qué niveles de gasto y deuda pública hemos llegado, así como cuáles van a ser las consecuencias. La sustitución de la iniciativa privada en la creación y conformación de lo social y cultural, pretendiendo que en numerosos ámbitos de la sociedad asuman la tarea, con carácter ordinario, el Estado y, en general, los gobiernos públicos, constituye un grave error de planteamiento y una subversión de los fines propios de los entes constituidos formalmente como de Estado. No se trata del miserable y rampante estatismo, sino de interesadas maneras de marginar o desplazar la iniciativa privada. Así, se argumenta que el sector público debe ocupar el espacio al que la iniciativa privada no llega. Pero, ¿se ocupa porque no llega, no llega porque no recibe la ayuda obligada, o porque ya está ocupado? Otros esgrimen la idea del pluralismo y justifican la concurrencia del Estado como un grupo más en la sociedad. Pero aceptar como dogma el reparto del campo social equivale a colocar a la iniciativa privada en clara inferioridad. El sector público se come al privado, del que para colmo vive, o no le deja desarrollarse en toda su potencialidad. La contraposición público-privado, atribuyendo al Estado en exclusiva lo público, es una falsa perspectiva de viejas raíces históricas. Las instituciones constituidas para funciones de Estado y de gobierno no lo son por el espacio social que en su acción ocupen, sino por el que posibilitan a la iniciativa privada. Lo público corresponde igualmente a aquella dimensión social de lo privado que desborda el puro interés individual. En este sentido, lo verdaderamente público es la máxima dimensión social de lo privado, hecha posible muchas veces por la ayuda del conjunto, de un cabal Estado. El que se considere de interés o de servicio público una determinada función social, como es la Educación o la Sanidad, no quiere decir que incumba al Estado el realizarla. Sí le corresponde posibilitarla y garantizarla. Lo público, entendido como rival, impeditivo o sustitutivo de la iniciativa privada, paralizante de todo el dinamismo personal y comunitario, es en realidad, justamente por antisocial, anti público. José Luis Bertolo Rodríguez, exsecretario general de la Delegación del Gobierno en Navarra

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El Estado Social

La contraposición público-privado, atribuyendo al Estado en exclusiva lo público, es una falsa perspectiva de viejas raíces históricas

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