Las pruebas del desprecio a la Comunidad foral

El escrito respuesta de los burukides del PNV me ofrece la posibilidad de reforzar los argumentos que expuse en este periódico, según los cuales el PNV desprecia las instituciones navarras. En las últimas elecciones generales, la ciudadanía navarra decidíamos qué formaciones nos debían representar ante las Cortes Generales. Y los navarros decidieron que les representasen dos diputados de Navarra Suma miembros de UPN, y un representante del PSN, de EH Bildu y de Podemos. Ninguno del PNV, que incluso en Navarra fue superado por los votos de Vox y los electores navarros relegaron al partido nacionalista a la quinta posición, con sólo un 3,8% de los votos y a escasos 8.000 votos de diferencia del Partido Animalista que ocupó la sexta plaza. No puede quedar más clara y explícita la decisión del pueblo navarro al rechazar que el PNV les represente ante el Congreso y el Senado. Por eso, consideramos improcedente que los diputados del PNV por el País Vasco negocien asuntos que competen a otra Comunidad respecto de la cual no ostentan representación. En su contestación, los dirigentes del PNV se regalan a sí mismos calificativos cariñosos para apelar a ese victimismo que tanto necesita el nacionalismo para respirar. Pero a su vez expresan afirmaciones rotundas que no se sostienen. En la primera de ellas declaran que “siempre el PNV ha considerado inadmisible vulnerar la voluntad de las personas para imponer un proyecto político”. Pues siempre no, o no tanto. Para acreditar que no siempre además de las complacientes referencias de su presidente Arzallus con “los chicos de la gasolina” (los sicarios de la kale borroka) o la mítica metáfora del árbol y las nueces, añadiremos como prueba el Plan Ibarretxe o el pacto de Estella, en los que el PNV abrazaba a la Batasuna que justificaba y amparaba a los terroristas no para exigirles que dejasen de asesinar sino para aprovechar y darle un empujón a la independencia de Euskalherria ( con Navarra dentro). Y por supuesto, pueden dar cuenta los cientos de ciudadanos, policías, guardias civiles, empresarios, políticos amenazados que no encontraron en los dirigentes del PNV el apoyo y comprensión que dispensaban a quienes apoyaban las amenazas. La segunda declaración tampoco se sostiene. El PNV no parece buscar cotas de bienestar a los navarros cuando decide castigarlos con los impuestos más altos de España. Y la tercera afirmación que debo desmontar es aquella según la cual quienes defendemos la existencia de la Comunidad Foral integrada en España tenemos una concepción patrimonial de Navarra “como si fuera nuestra”. Pues bien, respetamos que los nacionalistas vascos pretendan que deje de existir la Comunidad Foral para anexionarla al País Vasco y diluirla con esa soñada Euskalherria en proceso de “construcción nacional”. Pero son las leyes democráticas y no la opinión de UPN las que establecen que “Navarra se constituye en una Comunidad Foral con régimen, autonomía e instituciones propias, indivisible, integrada en la nación española y solidaria con todos sus pueblos” (artículo uno de la Ley Orgánica de Amejoramiento del Fuero). La Constitución y las leyes democráticas, frente a las aspiraciones del PNV. El nacionalismo vasco es un factor de riesgo para el autogobierno y el sistema foral propio de Navarra, y no un garante del mismo como quieren simular. El nacionalismo vasco practica el negacionismo de la personalidad propia de la Comunidad foral, lo cual es incompatible con la defensa de su foralidad. Coincido eso sí en la alusión que realizan los burukides acerca de la madurez de la ciudadanía. En efecto, la ciudadanía navarra es adulta y conoce bien las pretensiones del Partido Nacionalista Vasco cuando decide que no les represente ante las Cortes Generales. Y con respecto al objeto de la discusión, para abundar más en la improcedente tutela que el PNV del País Vasco quiere ejercer sobre Navarra, permítanme establecer un improbable símil. Supongamos que UPN aprovecha un momento de debilidad del Gobierno de España para acordar un despliegue de la Guardia Civil por todo el País Vasco con objeto de redoblar la seguridad de sus ciudadanos. ¿Cuál sería la reacción de los legítimos gobernantes del País Vasco ante tan “bienintencionada” iniciativa? ¿Aceptarían de buen grado o lo considerarían una inaceptable intromisión o cosas peores? Decía con acierto en estas páginas el ex presidente Miguel Sanz que lo que rechazamos “no es el huevo (el hipotético contenido del acuerdo) sino es el Fuero, la ilegítima intromisión producida por representantes políticos de la CAV en competencias que corresponden a la Comunidad Foral”. Y lo más decepcionante de todo este episodio es que se hubiera corregido de inmediato si tuviéramos al frente una presidenta del Gobierno de Navarra que hubiese defendido la institución que representa en lugar de callar, obedecer de forma sumisa ante este menosprecio. Juan Luis Sánchez de Muniáin. Parlamentario foral por Navarra Suma y miembro de UPN

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