Pedro Sánchez llegó a la Moncloa tras una moción de censura cuyo principal leitmotiv fue el rechazo a la corrupción que entonces asolaba al Partido Popular. En los más de ocho años transcurridos desde entonces, el Gobierno socialista no sólo no ha avanzado un ápice en materia de regeneración democrática, sino que ha agravado fatalmente la politización de las instituciones y protagonizado numerosos escándalos de corrupción de cuyos delitos ya están respondiendo altos responsables del entorno cercano del presidente. 

Baste como dato la condena unánime del Tribunal Supremo de 24 años de cárcel para José Luis Ábalos, la mayor pena impuesta a un exministro del Gobierno en la historia del España. 

Hace casi un año, después del ingreso en prisión de Santos Cerdán, Pedro Sánchez anunció un Plan contra la Corrupción que prometía un mayor control sobre la financiación de los partidos, la creación de la Autoridad Independiente de Integridad Pública o la regulación de los grupos de interés. La hipótesis generalizada entonces -que simplemente era una mera estrategia de comunicación para contrarrestar las críticas al PSOE- se confirma hoy: ninguna de las medidas ha sido aprobada y, en tanto que las próximas elecciones generales se celebrarán como tarde en doce meses, pueden descartarse avances relevantes en esta legislatura. 

Y es que al sanchismo sólo le interesa ganar la batalla del relato, y hacia ella dirige todos esfuerzos que sí escatima a la hora de negociar consensos con las fuerzas del arco parlamentario para poner coto de una vez por todas a una de las mayores lacras del momento actual. 

La ausencia de respuesta institucional ante la corrupción estructural del sistema resulta francamente descorazonadora para una sociedad que asiste impávida a una concatenación de corruptelas que aleja cada vez más al ciudadano de sus representantes políticos. Y en esa ecuación, perdemos todos.