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Opinión
Reflexiones en la era del Covid-19

La Administración de Justicia tras el covid-19

Víctor Lana.
Víctor Lana.
DN
  • Víctor Lana
Actualizada 01/06/2020 a las 06:00

La última prórroga del estado de alarma, que resultó en el Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, trajo consigo la reactivación de los plazos procesales a partir del 4 de junio. Recordemos, estos se suspendieron el 14 de marzo, con la primera declaración de estado de alarma. Tras más de dos meses de stand-still, la vuelta a la actividad en los juzgados vendrá previsiblemente acompañada de un colapso generalizado de la Administración de Justicia. Tanto por la necesidad de dar salida a las actuaciones que fueron suspendidas, como por el incremento en la litigiosidad, fruto de los efectos colaterales del covid-19 en el tráfico civil y mercantil. Todo ello afectará, principalmente, a una administración que padece una saturación ontológica.


¿Y en qué contexto llegará esta avalancha judicial a Navarra? Las cifras no son alentadoras. Para todas las empresas domiciliadas en Navarra, que superan las 37.000, hay tan solo un Juzgado de lo Mercantil. En cuanto a los Juzgados de Primera Instancia, en Navarra hay uno por cada 34.200 habitantes. El nivel de congestión de los órganos civiles de Navarra, a pesar de ser mejor que la media española, está en el 1,49. Su tasa de pendencia en la jurisdicción civil es del 0,49, lo que implica que por cada asunto resuelto en 2019, casi la mitad de este total llegó irresoluto a 2020.


Lo que estas cifras ponen sobre la mesa es la necesidad de dotar a la Administración de Justicia navarra de una mayor infraestructura. En 2016, el Informe del Consejo General de Economistas sobre Implicaciones económicas del funcionamiento de la justicia en España, ponía de manifiesto un dato revelador: el gasto público invertido en tribunales fue de 27 euros por persona, cuando en Alemania alcanzó los 103,5 euros, y la media de la UE-15 se fijó en 50,4 euros. La vieja normalidad volverá a este ámbito con los problemas habituales, quizá agravados: el personal seguirá siendo insuficiente; el número de órganos, inferior al necesario; y la inversión, escasa.


En este escenario, ¿existe una alternativa al ámbito judicial para garantizar la agilidad en la resolución de conflictos ante la crisis del covid-19? La respuesta debe ser afirmativa. Los métodos alternativos de resolución de disputas (ADR, por sus siglas en inglés) permiten solucionar conflictos entre particulares sin tener que acudir a los tribunales. El Libro Verde de la Comisión Europea, sobre las medidas alternativas de solución de conflictos, concibe estos mecanismos como sofisticados sistemas de pacificación social. Es posible que estos métodos, en particular la mediación, cobren especial protagonismo en un inminente escenario post covid-19. Las razones para sostener esto son diversas.


Con carácter general, son un mecanismo útil que podría evitar una mayor saturación en la administración de Justicia. Las medidas adoptadas por el Gobierno para evitar el colapso judicial tienden a este fin, pero es difícil concluir que sean suficiente: las vistas telemáticas o la habilitación parcial de agosto difícilmente podrán paliar la saturación ya existente. El arbitraje, la mediación o la conciliación, se presentan como un aliado imprescindible para apoyar en esta tarea de descongestión.


La mediación, en particular, podría encontrar en este escenario la posibilidad de reivindicarse como una alternativa de resolución de conflictos efectiva. ¿De qué hablamos cuando hablamos de mediación? El preámbulo de la vigente Ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles habla de ella como una institución ordenada a la paz jurídica, construida en torno a la intervención de un profesional neutral que facilita la resolución del conflicto por las propias partes.


Desde la neutralidad, la labor del mediador es ayudar a las partes a encontrar una solución compartida, que permita resolver los intereses en conflicto. Su valor añadido, particularmente ante las consecuencias del covid-19 en el tráfico civil y mercantil, radica en que el proceso de mediación es ágil, flexible y confidencial. El resultado de este proceso es un acuerdo en el que las partes plasman su común solución a la disputa, y que produce entre ellas efecto vinculante.


Navarra tiene en su haber las herramientas necesarias para garantizar su presencia. Entre ellas están los Colegios de Abogados de Tafalla, Tudela, Estella y Pamplona, que ofrecen servicios especializados de mediación en los que apoyarse; y que en muchos casos colaboran estrechamente con los órganos judiciales. También la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Navarra ocupa un lugar importante: además de contar con una corte arbitral sólida, ofrece servicios de mediación mercantil con los que responder a la necesidad de desjudicializar los conflictos que se planteen en un futuro inmediato. Instituciones como las anteriores están llamadas a jugar un papel clave, fomentando la mediación como vía complementaria a la Administración de Justicia.


Así, compaginando las medidas de descongestión aprobadas por el Gobierno con un mayor recurso a estos métodos alternativos de resolución de disputas, será posible evitar que los efectos colaterales del covid-19 conduzcan a una saturación mayor que la que actualmente padecen los órganos judiciales. En este escenario, además, la mediación podría contribuir a que la resolución de disputas camine en esta crisis hacia una forma consensuada de pacificación social. Lo que solo sucederá si los operadores jurídicos le dan un voto de confianza como herramienta útil y efectiva para la solución de conflictos.


Víctor Lana Arceiz. Graduado en Derecho por la Universidad de Navarra (Litigación y Arbitraje)


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