Cada día se nos informa de las dramáticas cifras de contagios y fallecimientos por el covid-19. Seguimos en el oscuro túnel de la expansión de la pandemia, pero los datos comienzan a permitirnos vislumbrar cierta luz a la salida. Así, si bien se nos ha dicho que será necesario alargar el estado de alarma, en el discurso del Gobierno ya se habla de cómo desescalar progresivamente las medidas actuales de confinamiento.

Esto acontece a la vez que comenzamos a conocer datos sobre el impacto económico de dichas medidas. Acabamos de saber que, en el mes de marzo, nuestro mercado laboral ha experimentado un brutal retroceso, con una caída fortísima de la afiliación a la Seguridad Social y un incremento doloroso del paro registrado. Los ERTES han permitido absorber parte del golpe, al menos temporalmente, pero cabe esperar que el mes de abril sea aún peor. A esto se suma que las últimas proyecciones de crecimiento vaticinan una recesión global, que puede ser peor en el caso de la economía española por elementos estructurales como la dependencia del turismo y la debilidad crónica del mercado laboral.

Es evidente que vamos a sufrir un duro revés económico. Pero la magnitud y duración del mismo va a depender en una parte relevante de qué políticas se apliquen. No es fácil, nos enfrentamos a un escenario no solo desconocido, sino también incierto. Tanto las instituciones internacionales como los gobiernos saben de políticas anticíclicas. Es decir, tienen experiencia en emplear la política económica para impulsar el crecimiento cuando el ciclo da señales de debilidad. También para frenar un crecimiento excesivo que amenace con recalentamiento y desequilibrios. Pero es ahora cuando por primera vez deben congelar voluntariamente la actividad económica, procurando salvaguardar el tejido productivo para reactivarlo tan pronto como sea posible. No hay precedentes. A estas dificultades se añade el hecho de que la sociedad percibe la incertidumbre de esta crisis desconocida en clave de riesgos y puede verse atenazada por el miedo al futuro, tanto en lo personal como en las decisiones económicas y empresariales. Esta es una dinámica peligrosa, capaz de complicar la recuperación. Puede convertirse en una profecía que se autocumpla, haciendo que el futuro sea peor de lo que podría ser.

Para gestionar este escenario desde la política económica y social necesitamos de planes claros, orientados a reducir incertidumbre y a alinear la percepción y las expectativas de la gente con la realidad. No nos confundamos. No se trata de lanzar muchos mensajes tranquilizadores bienintencionados. Se trata de contar con un plan de acción bien estructurado y pautado, abierto a revisiones, mejoras y adaptaciones a la evolución de los hechos y que contemple todos los escenarios posibles, incluidos los más extremos. Un plan que sirva de referente para que los agentes económicos tomen decisiones, ofreciéndoles escenarios en que puedan descontar la acción que tomará el gobierno según evolucione la pandemia. Es la forma para reducir incertidumbre y animar a una toma de decisiones más ágil por parte de todos. Ello contribuirá a minimizar los posibles daños que traiga esta crisis.

Una crisis con varias vertientes, fundamentalmente la sanitaria y la económica. Como en toda crisis, la situación es inestable y cambia casi de continuo. Contar con un plan de acción claro en política económica proporciona un asidero al que aferrarse. Es muy probable que el plan no se cumpla al 100% ni en los tiempos previstos. Hay que dejar margen para las correcciones necesarias. Pero el peor plan para afrontar los próximos meses es no tener plan. Sin un auténtico plan de política económica, la crisis puede derivar también en crisis social y política.

Parte del plan de política económica lo conocemos, ha sido anunciado con rapidez e incluye medidas poderosas que contribuyen a reducir riesgos e incertidumbre. Me refiero a las decisiones de los principales bancos centrales, que han asegurado tipos de interés muy bajos y masivas inyecciones de liquidez para garantizar el acceso al crédito barato. Ahora corresponde a los gobiernos poner en conocimiento del público sus planes de política fiscal, tributaria o de empleo para el futuro inmediato. Ante la dura situación que sufrimos, deben hacerlo con claridad y transparencia, en el respeto de las reglas democráticas y sometiéndose a la necesaria rendición de cuentas para dotarlos de credibilidad.

Algunos gobiernos han malgastado tiempo e incluso parte de su reputación. Es lo que sucede cuando se presentan ante la sociedad con un relato parcial, ante el que no aceptan preguntas. Es lo que ocurre si se dan motivos para la pérdida de confianza. Díganselo a los profesionales sanitarios que no han contado con los suficientes materiales de protección para cuidarnos y, finalmente, se han contagiado. Díganselo a los familiares de nuestros mayores ingresados en residencias, en situación de riesgo y a la espera de más tests de diagnósticos. Según el Gobierno de Navarra, nada menos que un 60% de las pruebas realizadas en esos centros durante el anterior fin de semana dio positivo. Datos así causan desasosiego, porque llevan a preguntarse si no se hubiesen podido evitar contagios y muertes con tests más tempranos. También dejan claro que queda mucho por hacer en esta crisis cuya magnitud final dependerá de qué se haga desde ahora. Esperemos que el Gobierno, en medio de la tormenta, fije un rumbo claro que nos lleve a minimizar el coste humano, social y económico de la pandemia.

María Jesús Valdemoros Erro

Economista, Parlamentaria de Navarra Suma y miembro de UPN