El Democracy Index de The Economist Intelligence Unit (EIU) colocó a España en 2019 en el puesto 19 de 165 países, con un 8,08 sobre 10. Según este organismo, la nuestra es una de las 20 democracias plenas que hay en el mundo. La edición 2019 del Indice de Democracia Anual del Instituto Varieties of Democracy, dependiente de la Universidad de Gotemburgo (Suecia), coloca a España en el puesto 26 de su ranking, en el que se analiza la situación de 179 países; tal calificación representa una mejora de nueve puestos con respecto al análisis publicado en el ejercicio pasado, y España supera a países como Estados Unidos, Japón o Austria, y se coloca por encima de la media de la UE con una puntuación de 7,42 sobre 10. Estas valoraciones tienen que hacernos sentir orgullosos de pertenecer a la elite de las libertades civiles y formales, pero lo depurado de nuestro sistema no debe cegarnos hasta impedirnos ver que estamos en un país con unas estructuras económicas y sociales precarias.Dicho esto, es evidente que España es también una relativa potencia media en términos económicos, que ha pasado al escalafón de los países más desarrollados del mundo a partir de la gran reconversión industrial y de su incorporación a las Comunidades Europeas, hoy Unión Europea, en 1986, lo que le proporcionó recursos para dotarse de una gran red de infraestructuras y alcanzar niveles de prosperidad punteros.

Sin embargo, este aparatoso ascenso, que se truncó en la crisis de 2008 y de la que no nos liberamos hasta 2014, se ha hecho sobre cimientos débiles, que se han caracterizado por un estado de bienestar frágil a consecuencia de una presión fiscal sistemáticamente baja, que se consideraba una peculiaridad nacional aceptada tanto por la derecha como, extrañamente, por la izquierda socialista. Ello ha dado lugar a dos grandes insuficiencias: el de unos servicios públicos de buena calidad pero mal mantenidos por falta de recursos, y el de una sociedad muy desigual, en el que un sector intolerablemente alto se mantiene por debajo del umbral de la pobreza, y en que las clases medias que levantaron cabeza a finales del siglo XX y principios del XXI se han proletarizado. La crisis del coronavirus ha puesto de manifiesto las graves disfunciones sociales del país; la debilidad del tejido empresarial, basado en buena parte en microempresas incapaces de adquirir tamaño y capacidad exportadora; la fragilidad de una sociedad empobrecida y sin capacidad de ahorro, impotente por tanto ante cualquier contrariedad; la extensión de la precariedad laboral, con tasas insoportables de desempleo y de temporalidad. Algunas cifras explican la situación en que la ciudadanía ha tenido que acatar la orden de confinamiento: según el Banco de España, unos 4,5 millones de hogares están en riesgo de pobreza. En 2018, los 18,5 millones de hogares de este país ahorraron 10.747 millones de euros, lo que representa 580 euros por hogar. La gente vive completamente al día, y cualquier contrariedad puede sumir a las personas en una situación cercana al hambre física, que es en general paliada gracias a las redes de solidaridad basadas en vínculos familiares. Por ello, todas las administraciones deben actuar con gran agilidad en las emergencias provocadas por el parón de la actividad impuesta por el estado de alarma: la gente necesita los subsidios para comer. En cuanto a la situación de la sanidad española podemos percatarnos de que, aunque por fortuna conserva grandes cualidades para lucirse en el día a día, ha demostrado su impotencia ante una situación extrema. La pandemia era ciertamente imprevisible, pero no parece razonable la escasez que se ha descubierto al ver que no había material sanitario alguno de reserva para cubrir cualquier emergencia. Nuestro país está todavía a medio hacer y muestra grandes debilidades que debemos recordar y anotar para obrar en consecuencia cuando pase el turbión.