La Asociación de Constructores y Promotores de Navarra (ACP) ha manifestado su oposición a la modificación legislativa impulsada por PSN, EH Bildu y Contigo Navarra para establecer la calificación permanente de la VPO de alquiler. Dicha modificación se debatirá en el Pleno de este jueves y y es previsible que salga adelante ya que Geroa Bai, que no la impulsa, ha anunciado que no se opondrá aunque intentará mejorar la seguridad jurídica de la norma mediante enmiendas.

Desde ACP se explica que aunque se presenta como una medida para estabilizar el parque de vivienda protegida, "consideramos que tendrá el efecto contrario: impedirá la construcción de nuevas promociones de VPO de alquiler y reducirá drásticamente la capacidad de Navarra para aumentar su oferta".

Desde ACP se quiere trasladar a los políticos y a la sociedad navarra que esta medida se plantea "como una respuesta a situaciones concretas vinculadas a fondos de inversión". "Sin embargo, -añaden- muchas de las promociones que han motivado este debate ya habían perdido la condición de vivienda protegida, por lo que esta modificación no resolverá de forma efectiva los casos que se utilizan para justificarla".

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"Además -argumentan-, sus efectos recaerán sobre empresas familiares navarras que llevan décadas promoviendo vivienda protegida de alquiler. Según los datos recabados por ACP, las empresas navarras tienen 557 viviendas afectadas hasta 2030, y 773 más hasta 2054, frente a unas 67 vinculadas a fondos de inversión. La reforma terminaría perjudicando, por tanto, a quienes están sosteniendo mayoritariamente el parque de VPO en alquiler en Navarra".

Desde ACP se recuerda que la iniciativa local "ha sido imprescindible para que Navarra cuente hoy con un parque de vivienda protegida en alquiler. Más de dos tercios de estas viviendas han sido promovidas por empresas navarras o mediante fórmulas de colaboración público-privada. Sin esa participación, la Administración difícilmente habría podido generar por sí sola la oferta existente", explican.

Así mismo, desde ACP se defiende que la pérdida de calificación "no ha dejado familias en la calle". "Durante años -argumentan-, los promotores navarros han buscado soluciones para los inquilinos cuando algunas promociones han finalizado su periodo de protección, sin que se hayan producido situaciones de desprotección ni conflictos sociales.

INSEGURIDAD JURÍDICA

Como consecuencia de lo anterior, desde ACP se considera que la reforma "introduce una grave inseguridad jurídica porque altera de forma unilateral y retroactiva la normativa bajo las que estas viviendas fueron promovidas. Eso compromete la viabilidad de nuestras empresas y la confianza para volver a invertir en VPO de alquiler a futuro".

Asimismo sugieren que la reforma pretende consolidar un parque estable de vivienda protegida en alquiler. "Sin embargo -añaden-, la estabilidad del parque de VPO de alquiler no se garantiza únicamente prolongando la protección de las viviendas existentes. Exige necesariamente que se sigan construyendo nuevas promociones. En Navarra, esa construcción depende en gran medida de la iniciativa privada. Si la reforma hace inviable promover nueva VPO de alquiler e introduce elementos de incertidumbre jurídica, el parque protegido seguirá disminuyendo".

La asociación lamenta, además, que una reforma de este alcance se haya impulsado "sin diálogo previo con los agentes que han participado históricamente en la promoción de vivienda protegida en Navarra". "Reiteramos -defiende- nuestra disposición a colaborar con las administraciones y los grupos parlamentarios para impulsar soluciones que permitan aumentar la oferta de vivienda asequible de forma sostenible y duradera. El sector navarro de la construcción es parte de la solución al grave problema de acceso a la vivienda".

"Más allá de lo anterior -concluyen desde ACP-, esta medida proyecta un mensaje firme y claro, al generar la percepción de que Navarra carece de la estabilidad y seguridad jurídica necesarias para acometer inversiones a largo plazo".