Diario de Navarra

¿Se imaginan a UPN negociando con Sánchez las transferencias penitenciarias o de la Seguridad Social para Euskadi? Pues es lo que han hecho los representantes del PNV de la Comunidad Autónoma Vasca. Decirle a Sánchez cómo debe traspasar las competencias de tráfico y seguridad vial a una comunidad por la que no han sido elegidos ni representan. Por otra parte, nada extraño en un partido para el que Navarra es un herrialde más de su Euskalherria. Lo realmente sorprendente es que el presidente Pedro Sánchez acepte negociar el traspaso de unas competencias sobre Navarra con los representantes de otra comunidad, en lugar de informar desde el primer minuto a los miembros del PNV que dicha negociación corresponde al Gobierno de la Comunidad foral. Aunque tampoco se puede esperar mucho de un candidato que con tal de salir elegido y prorrogar cuatro años más su estancia en el palacio de la Moncloa, es capaz de firmar su responsabilidad en la muerte de Manolete, como aguantó impertérrito que en la sesión de investidura la diputada de ERC Montserrat Bassa le dijera que la gobernabilidad de España le importaba un “comino” o que el PSOE ejercía de “verdugo”. ERC es su socio de gobierno. Sí cabía esperar una reacción contundente de la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, defendiendo la autoridad de Navarra en la asunción de competencias. Sin intermediarios ajenos a la Comunidad foral. Sin embargo, ha preferido mirar hacia otro lado y dejar que PSOE y PNV decidan por el Ejecutivo navarro. No se trata de que los partidos no puedan hablar y favorecer políticas que contribuyan al desarrollo o al bienestar de Navarra y de los navarros, es que PSOE y PNV han firmado un documento para la investidura con un contenido que compete a los gobiernos central y foral. Y Chivite debía habérselo recordado a Sánchez y a Ortuzar. Que con Navarra negocian los navarros. Pero ha elegido no airar ni a uno ni a otro, a pesar de que hayan jugado con las competencias de la Comunidad foral, al servicio de la investidura de Sánchez. Y si Chivite lo sabía y dio su plácet a dicho acuerdo, peor todavía. “Se procederá en el plazo de seis meses al traspaso de las competencias de tráfico a la Comunidad Foral de Navarra, con el mismo contenido y extensión que las realizadas en su momento a la Comunidad Autónoma Vasca”, reza el acuerdo entre socialistas y nacionalistas vascos. ¿Quién ha decidido que el traspaso se realice “con el mismo contenido y extensión” que en Euskadi? Hay una duda razonable de que la decisión sobre la desaparición de los agentes de la Guardia Civil de las carreteras navarras la ha tomado el PNV. Porque si no, cómo se entienden las declaraciones recientes de dirigentes socialistas, como el propio delegado del Gobierno, José Luis Arasti, reiterando el compromiso de que la Guardia Civil siguiera desempeñando en Navarra su labor como hasta ahora, “en las carreteras y fuera de ellas”; o el diputado Santos Cerdán, cuando aseguraba hace cuatro días que la postura de su partido era que la Guardia Civil continuase en las carreteras navarras. ¿Por qué el PSN ha variado su posición respecto a la transferencia de tráfico? Faltan explicaciones convincentes de la presidenta Chivite, más allá de las disputas políticas y discursos demagógicos. Independientemente de que las multas por infracciones de tráfico las pongan unos señores de uniforme rojo o rojo y verde, la cuestión es si las decisiones sobre nuestro autogobierno se van a tomar en Ajuria Enea o en el Palacio de Navarra. Y, al parecer, con este gobierno socialnacionalista, el PNV tiene el beneplácito para arbitrar quién nos va firmar las multas a partir de ahora.

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No es la competencia, es el interlocutor

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