Diario de Navarra

La Junta electoral Central (JEC) ha echado fuego en el procés catalán, que la investidura del candidato Sánchez del próximo día 7 de enero pretendía enfriar, tras acuerdo con ERC, que (I) reconoce la existencia de un “conflicto político” en Cataluña; (II) se crea una Mesa en la que participan los gobiernos de la Nación y la Generalidad, “mesa de diálogo bilateral”); (III) se reconoce que el conflicto político solo se resolverá a través del diálogo, la negociación y el acuerdo, superando la judicialización a través de cauces democráticos; y (IV) la validación democrática de la solución al conflicto se realizará a través de una “consulta con amplio apoyo de la sociedad catalana”. Seguramente las decisiones de la JEC sobre Torra y Junqueras pueden dificultar el acuerdo, pero los “bomberos del pacto” estarán ya trabajando para reconstituirlo. Lo que mal empieza mal acaba y el querer recrear los “trágalas” de la política española en la conmemoración del bicentenario de Riego en Cabezas de San Juan (Trienio liberal) un 1 de enero de 1820, tiene mal fario o mal augurio. Hoy, como entonces, unos pretenden imponer la Constitución y otros ningunearla, recuerden liberales contra absolutistas o supremacistas, con lenguaje de hoy. España no va bien y los hechos lo demuestran. Los Reyes magos de 2020 parecían querer traer un gobierno Sancheztein como así lo llaman, pero los idus de enero parecen ponerles piedras en el camino. Los tribunales andan revueltos y la cosa sucede cuando se ha tratado de judicializar la política, para luego tratar de evitar la decisión judicial incómoda. Ya lo dice el aforismo: fiat iustitia et pereat mundus (hágase justicia, aunque el mundo perezca). La lógica judicial no es la de la política, aunque aquí los políticos hayan tratado de endosar el “muerto” a los tribunales. Ahora, el pulso lo ha echado la JEC, que aunque es un órgano administrativo cualificado, pues está compuesto por ocho magistrados del Tribunal Supremo designados mediante insaculación por el CGPJ, y por cinco Vocales Catedráticos de Derecho o de Ciencias y de Sociología en activo, que son designados a propuesta conjunta de partidos, federaciones y coaliciones electorales con representación en el Congreso de los diputados, enciende de nuevo la mecha de los recursos ante el TS y el TC ante la previsible inejecución de la decisión de la JEC de inhabilitar al presidente Torra; de nuevo el conflicto, pero en esta ocasión de carácter judicial. Se aferre Torra al cargo o no, la confusión está servida. La decisión de inhabilitar a Torra de manera sobrevenida, es decir porque han sobrevenido hechos nuevos tras su elección como president de la Generalidad al haber sido condenado a pena de inhabilitación de cargo público (local, autonómico y europeo) por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, crea un nuevo contencioso político-judicial. Torra ya ha hablado con imprecisión pero con populismo de un nuevo 155 CE, es decir de un nuevo golpe encima de la mesa para destituir a un president de la Generalidad. El primero fue Puigdemont, que sigue bailando a su son y ahora parece seguir Torra la misma senda. La decisión de la JEC puede parecer arriesgada, pero es el máximo órgano en materia electoral con permiso del TC, que es en nuestro sistema el último Juez electoral. La duda sobre si la inhabilitación debe ser ejecutada por el TSJC o por la JEC ha sido resuelta en el sentido señalado y la JEC expedirá nueva credencial al siguiente de la lista de Junts pel si, y Torra deberá ser cesado ¿Por quién es la pregunta? La respuesta se encuentra en el artículo 67.7 del Estatut catalán (EAC 2006), que entre las causas del cese contempla la de condena penal firme que comporte la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos. Su cese comporta también la del gobierno catalán (Art. 68.4), que permanecerá en funciones. La crisis está servida. Sólo cabe decir ¿alguien da más? Manuel Pulido Quecedo. Doctor en Derecho Constitucional

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La inhabilitación de Torra

La lógica judicial no es la de la política, aunque aquí los políticos hayan tratado de endosar el “muerto” a los tribunales

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