Diario de Navarra

El 14 de diciembre de 2003, Pasqual Maragall del PSC, Joan Saura, de Iniciativa per Catalunya, y Josep Lluis Carod-Rovira, de ERC, firmaban el famoso Pacto del Tinell, en el que se comprometían a ahondar en el autogobierno catalán a través de un nuevo estatuto y en el que se establecía un cordón sanitario al Partido Popular, en los siguientes términos: “Los partidos firmantes del presente acuerdo se comprometen a no establecer ningún acuerdo de gobernabilidad -acuerdo de legislatura y acuerdo parlamentario estable- con el PP en el Gobierno de la Generalidad. Igualmente se comprometen a impedir la presencia del PP en el Gobierno del Estado y a renunciar a establecer (con el PP) pactos de gobierno y pactos parlamentarios estables en las cámaras estatales”. Aunque en algunos países europeos, especialmente en Francia, ya se había utilizado el concepto de “cordón sanitario” como fórmula para aislar a la extrema derecha, en España se recobró esta idea con el Pacto del Tinell, con la particularidad de que no se estableció hacia un partido extremista y radical, sino con una formación democrática y constitucionalista como era el Partido Popular. Y aunque los firmantes de aquel pacto representaban tan solo a partidos de ámbito catalán, el cordón sanitario quedaba establecido para toda España y fue asumido por el PSOE en su conjunto. Esta semana se han oído numerosas voces del socialismo, podemitas e independentistas, alentando a participar en un nuevo cordón sanitario a Vox, el partido de Abascal, para que no tenga representación en la Mesa del Congreso de los diputados, a pesar de ser el tercer partido más votado y contar con 52 diputados. Independientemente de que este tipo de prácticas podrían incluso reforzar al partido que se pretende aislar y a sus votantes, querer excluir a una formación política con más de 3,6 millones de españoles detrás en un país en el que rige la libertad de ideas y el pluralismo político supondría un importante revés al espíritu constitucional. Las ideas no se pueden anular con cordones sanitarios; si nos parecen despreciables o indignas habrá que refutarlas por otras vías. La última, la de la ley. Para que este plan del cordón sanitario fuera creíble, tendríamos que ser coherentes en su aplicación: o se pone en práctica para aislar a cualquier extremismo o a ninguno. Porque no vale plantearlo para levantar un dique de contención a la extrema derecha, al mismo tiempo que se tiene como interlocutor para la formación del gobierno a un partido cuyos dirigentes están en la cárcel condenados por sedición y malversación, y que no esconden su intención de independizarse de España; o que pactan con formaciones políticas que aplauden dictaduras como la cubana; o que se sientan y acuerdan con un partido que sigue sin condenar la violencia terrorista que ha padecido este país durante cuarenta años. En Navarra, el Gobierno de María Chivite no se ha planteado buscar acuerdos para aislar a un partido como Bildu, que cuando se pregunta a alguno de sus dirigentes si condenaría los asesinatos de ETA, todavía hoy responde que ese asunto no tiene nada que ver con la gobernabilidad. Pues sí, tiene que ver con la gobernabilidad porque tiene que ver con los derechos humanos. Y sin embargo, Chivite le ha otorgado el papel de interlocutor preferente en las negociaciones presupuestarias: “El diálogo no tiene que tener ningún veto”, afirma la presidenta. A nadie debe extrañar, teniendo en cuenta que la socialista es presidenta del Gobierno foral porque así lo ha querido Bildu. Por eso, este intento de criminalizar a unos colectivos y blanquear a otros es hacer trampas en el solitario. En este tablero siempre entran en juego intereses partidistas y de poder, que poco o nada tienen que ver con los principios y los valores de la democracia.

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Cordones sanitarios y democracia

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