Diario de Navarra

Conviene recordar las palabras utilizadas el 9 de febrero de 2012 por el entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, cuando confesó en Bruselas a Olli Rehn, comisario de Asuntos Económicos de la UE, sin saber que se estaba grabando la conversación, que la reforma laboral que el Gobierno del PP iba a aprobar al día siguiente “será extremadamente agresiva”. Quienes teníamos algún grado de responsabilidad en la dirección de las organizaciones sindicales, éramos plenamente conscientes de la gravedad de lo que se nos venía encima. Sabíamos por dónde venía el ataque más grave contra los derechos de los trabajadores y trabajadoras desde la dictadura. Conocíamos la intención del Gobierno presidido por Mariano Rajoy de cambiar radicalmente nuestro marco democrático de relaciones laborales, desarticulando la negociación colectiva y consagrando, en la práctica, el despido libre. Pero tengo que reconocer, que se nos escapaban algunos detalles que, con la perspectiva del tiempo y tras la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, permiten calificar la reforma laboral de aquel año 2012 no sólo de extremadamente agresiva, como reconocía De Guindos con la sinceridad que permite sentirse a salvo de testigos, sino de auténticamente cruel. Porque crueldad es la palabra más adecuada para calificar la actitud de una empresa que, amparada en la ley, despide a un trabajador por tener la desgracia de ponerse enfermo más tiempo y más veces de las que el empresario considera conveniente para la marcha de su negocio. Esta cosificación de la persona trabajadora, cuyo derecho a la salud física y a la recuperación tras una enfermedad se supedita, equivocadamente, que todavía es más grave, a la productividad de la empresa y a la salud económica de su cuenta de resultados. Esta caracterización del trabajador de connotaciones preindustriales, por no decir medievales, viene consagrada por la nueva redacción que la reforma laboral introdujo en el artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores. No es el Tribunal Constitucional el responsable de esta auténtica tropelía inhumana, se mire por donde se mire. Fueron los legisladores de aquel Congreso de los Diputados con mayoría absoluta del PP los autores de este despropósito, para el que se agotan todos los calificativos. Porque obligar a una persona a acudir a su puesto de trabajo enferma es, sin duda, un atentado al derecho individual del trabajador o trabajadora a su salud. Pero lo es también a la salud pública, a la salud de sus compañeros y compañeras, en primer lugar, que, en función de la patología, corren el riesgo de contagiarse. Y si hablamos de personal sanitario, de conductores de transporte público, de cuidadores de personas mayores o niños, etc., se está poniendo en riesgo también la salud de pacientes, viajeros, ancianos, escolares y un sinfín de ejemplos. Así que las dos huelgas generales que nos vimos obligados a realizar en 2012 contra la reforma laboral no eran precisamente un calentón de sindicalistas con ganas de bronca. Hoy tenemos datos más que suficientes para juzgar como un fracaso aquella reforma laboral, que no ayudó a crear empleo mientras duró la crisis, ya que, por el contrario, en 2012 y 2013 se destruyeron en España 1.280.000 empleos, 15.000 de ellos en Navarra, puestos de trabajo que solo volvieron a crearse con la recuperación económica. Pero además, pretendiendo teóricamente combatir la temporalidad, la reforma laboral la aumentó en más de 3 puntos, situándola a la cabeza de Europa. Todo ello, además de desactivar la negociación colectiva y de dejar la suerte y el futuro de la persona trabajadora a la caprichosa voluntad del empresario. El despido por enfermedad solo es la gota que colma el vaso y convierte la exigencia sindical de derogar la reforma laboral en una necesidad y, concretamente, la eliminación de este supuesto de despido, en una obligación ética para el Gobierno que quieren conformar el PSOE y Podemos. Lo vamos a exigir este próximo 27 de noviembre, pero no vamos a parar hasta que lo consigamos, porque es una cuestión de justicia, pero también de humanidad. Jesús Santos Secretario, general de la UGT de Navarra

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El aspecto más cruel de la reforma laboral

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