Diario de Navarra

Es el primer desafío fiscal al que se enfrenta el Ejecutivo de María Chivite. Y tocaba elegir, que en eso precisamente consiste la política, en tomar decisiones y decidir entre las varias opciones posibles. Chivite ha elegido la calle de en medio. Ni para tí ni para mí en la polémica sobre el IRPF de las prestaciones por maternidad y paternidad. Consecuencia, sale trasquilada. Eso sí, tocada en el debate, pero no hundida. Hagamos un poco de historia. El Tribunal Supremo decidió que las prestaciones de la Seguridad Social por maternidad (y paternidad) estaban exentas de pagar el IRPF, lo que hizo que el Estado (y las haciendas vascas acto seguido) ejecutasen la sentencia y devolvieran el dinero cobrado de más a cientos de miles de madres y padres. Todo por la vía rápida. En Navarra fueron 19.000 madres trabajadoras y 15.500 padres los que estuvieron de baja por maternidad y paternidad entre 2015 y 2018. Las madres percibieron una media de 5.500-5.900 euros por su baja según los años y los hombres entre 1.000 y 2.000 euros. Navarra fue la única comunidad que no aplicó la sentencia porque el cuatripartito y Barkos señalaron que la norma foral era diferente en este aspecto. Era exactamente así, como acaban de reconocer los tribunales hace unas semanas. Pero tampoco hubo la más mínima iniciativa del cuatripartito para cambiar la ley y hacer posible la devolución. La oposición, entonces UPN, PSN y PP, hicieron cuestión política de este debate y prometieron a las madres navarras afectadas devolverles el dinero si llegaban al poder. Y el PSN ya está en el poder. Tras fallar los tribunales que no es obligada la devolución, el juego queda en el campo de la voluntad política. El Gobierno socialista se ha visto atrapado entre sus promesas en campaña electoral de devolver el dinero; su obsesión por no pactarlo con Navarra Suma (lo que habría solucionado el problema en un periquete porque ambos suman mayoría); su escaso margen de maniobra para hacerlo con su socio de Geroa Bai (reacio a cambiar su no a la devolución); y su “compromiso” para buscar una salida, prometido este otoño a la comisión de las madres. Un tetrix muy difícil de cuadrar. Y sólo así, con la pugna de todos estos condicionantes, se entiende la fórmula que ha salido del laboratorio. Chivite retuerce los argumentos diciendo que la sentencia fallada en Navarra cierra la puerta a una exención retroactiva, lo que no es cierto, porque lo que hace es devolver el problema a la política por si quiere buscar una solución con un cambio legal. Hacienda, en cambio, ha “diseñado” una devolución, aunque sea parcial y tardía. Claro, una fórmula que deja muchos pelos en la gatera. En vez de declarar exenta de impuestos esta renta diseña una deducción fiscal que tiene en cuenta los ingresos del ciudadano. El mismo sistema que rige en Navarra ya en este año para las prestaciones de maternidad y paternidad. Planea devolver en 2021 entre el 25% de lo ingresado (para rentas de hasta 30.000 euros) al 5% cuando las rentas sean de más de 90.000 euros. Es decir, es una devolución muy tardía, y muy diferente del resto de España. Para la mayoría de madres y padres es “peor” que la que se aplica en el resto del país y para el resto, las rentas más bajas, es mucho mejor. Así de claro. Exactamente es peor para el 60% de los afectados. Es lo que tiene decidir en política. Que toca elegir y asumir las consecuencias.

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El IRPF de las madres: Chivite elige la calle de en medio

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