Diario de Navarra

Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones” (art. 27.3 CE). “En un sistema jurídico político basado en el pluralismo, (…) todas las instituciones públicas y muy especialmente los centros docentes, han de ser, en efecto, ideológicamente neutrales” (STC 5/1981, de 13 de febrero, FJ 9). “El Estado, en el ejercicio de las funciones que asuma en el campo de la educación y de la enseñanza, respetará el derecho de los padres a asegurar esta educación y esta enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas” (art. 2 Prot. 1 Convenio Europeo de Derechos Humanos). “En el cumplimiento de un deber natural hacia sus hijos, a quienes les corresponde prioritariamente ‘asegurar la educación y la enseñanza’, los padres pueden exigir del Estado el respeto a sus convicciones religiosas y filosóficas (…). Se prohíbe al Estado perseguir una finalidad de adoctrinamiento que pueda ser considerada no respetuosa con las convicciones religiosas y filosóficas de los padres” (STEDH Folgero y otros c. Noruega, de 29 de junio de 2007, § 84). La lista de normas legales, constitucionales e internacionales podría extenderse, lo mismo que los pasajes de jurisprudencia. Porque, si hay una libertad que está en la génesis y en el centro mismo de un Estado constitucional, ésa es la libertad religiosa y de conciencia; y si hay un ámbito en el que el respeto escrupuloso a la libertad de conciencia es sagrado, ése es el de la educación. En este espacio, los padres ostentan no ya un derecho, sino un auténtico “deber natural” de transmitir a sus hijos las convicciones más íntimas que les guiarán en el camino de la vida. Así lo ha entendido el Tribunal de Estrasburgo, el cual ha afirmado el derecho de los padres a velar por la formación moral de sus hijos escrupulosamente, hasta el punto de exigir de los poderes públicos una vigilancia activa para que no se conculque, ni siquiera “por imprudencia, falta de discernimiento o proselitismo intempestivo” de los profesores (STEDH Folgero, cit.). Como ciudadano y como constitucionalista, pienso que estamos asistiendo a uno de los intentos de agresión más aberrantes y sibilinos contra las libertades educativas de los padres en mucho tiempo: se está tratando de imponer a nuestras familias una ideología que, presentada como liberación, podría arruinar la vida moral de los hijos. Me refiero a la llamada ideología de género, un proyecto que hace tabula rasa de intuiciones y percepciones humanas elementales, y que condena a quienes son adoctrinados en él a una concepción naturalista de la sexualidad, deshumanizante y destructiva. Se trata de algo que no ha pasado inadvertido a algunos intelectuales en el mundo -por todos, me remito al trabajo de Gabriele Kuby, Global Sexual Revolution: The Destruction of Freedom in the Name of Freedom; elogiado por destacados juristas y filósofos- y que debería, a mi juicio, poner en guardia a las familias. En Navarra, el vehículo mediante el que se pretende imponer esto es Skolae. En nada mengua mi juicio el hecho de que haya sido avalado por un Consejo de Igualdad cuya complicidad con la ideología mentada ha corrido paralela a su falta de respeto por la libertad de conciencia de los padres. Como constitucionalista, estoy bien aleccionado acerca de la facilidad de manipular un principio formal -el de igualdad- que, en su definición abstracta, carece de contenido substantivo propio y posee una estructura relacional (permítaseme la remisión a mi artículo: “De la igualdad como límite a la igualdad como tarea del Estado”, en la Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 97, 2013, pp. 73 y ss.). Skolae no viene simplemente a enseñar a “vivir en igualdad”. No proclama el respeto al prójimo, sino que -en oposición directa al principio de igualdad- avasalla a cuantos sostienen una visión de la sexualidad distinta de la que proclama. Nos discrimina, porque nos exige comulgar con una visión de la sexualidad respecto a la que muchos disentimos y tenemos pleno derecho a disentir. Con el fin de amparar conductas que se apartan de la concepción tradicional de la familia y del sexo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha ubicado en reiteradas ocasiones el ámbito de la sexualidad entre las cuestiones íntimas que atañen al “derecho a la vida privada y familiar” (artículo 8 CEDH). Sería absurdo pretender que, precisamente con el fin de doblegar a quienes sostienen estilos de vida más tradicionales, ese mismo dominio -el de la sexualidad- dejase de formar parte de la esfera privada y familiar y se erigiese en ortodoxia obligatoria. Fernando Simón Yarza Profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Navarra

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Skolae: discriminatorio y liberticida

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