Diario de Navarra

La Administración electoral española no es una administración profesionalizada. Es una administración peculiar, ad hoc, al considerarse que tiene por objeto garantizar la transparencia y objetividad del proceso electoral y el principio de igualdad. Funciona, sin embargo, razonablemente bien, pese a que como tantas cosas de la legislación electoral, requiera de una puesta al día. En su cúspide, se encuentra la Junta Electoral Central, único órgano permanente de la Administración electoral. La Junta Electoral está compuesta por ocho vocales magistrados del Tribunal Supremo designados mediante insaculación por el CGPJ y por cinco vocales catedráticos de Derecho o de Ciencias y de Sociología en activo, que son designados a propuesta conjunta de partidos, federaciones y coaliciones electorales con representación en el Congreso de los diputados. Hasta aquí nada que reprochar; más aún, la propuesta conjunta de expertos en forma de catedráticos de Derecho o Sociología parece evitar el conocido reparto de cuotas entre partidos políticos, conocida en la jerga como la lottizazione. Está presidida por un magistrado del Tribunal Supremo elegido por los miembros de la Junta Electoral. Se renueva cada legislatura. Su secretario es el secretario general del Congreso de los Diputados. Pese a su composición mixta -judicial y de expertos- es un órgano de naturaleza administrativa, cuyos actos están sometidos al control de los tribunales ordinarios, tal como declaró el Tribunal Constitucional hace ya más de treinta años (STC 197/1988, de 24 de octubre). Hasta la fecha y pese a que la Junta Electoral es un órgano administrativo, siempre ha pretendido configurarse como un órgano cuasi jurisdiccional que no lo es, y ello explica alguna de sus últimas decisiones en el proceso electoral del 28-A y en el del próximo 26-M, particularmente discutibles. Veamos algunas de sus decisiones cuestionables. La primera fue considerar a los procesos electorales del 28-A y del 26-M como un todo unitario, sin poder distinguir bien uno del otro, y conduciendo así a algún que otro esperpento, como no dejar hacer balance de la obra realizada por las distintas administraciones públicas concernidas, en especial la autonómica y local. El segundo y más importante, más allá del caso de no proclamación de los fugados -Puigdemont entre ellos- es el autorizar la participación electoral de candidatos en prisión, primero en las elecciones del 28-A (nacionales) y ahora en las del 26-M. Es cierto que la problemática deriva o trae causa de considerar elegibles a cualquier candidato en prisión, fugado o no, pero de ahí a permitir la participación en los debates electorales a personas privadas de libertad parece todo un exceso. El derecho a acceder en condiciones de igualdad (art. 23.2 Constitución Española) no es un derecho absoluto, como ninguno de los demás derechos fundamentales, salvo el de la vida (art. 15), y no pueden interpretarse de manera absoluta, sino en el marco de una interpretación integradora, para evitar así romper todas las normas del ordenamiento, sea la de proclamación de electos en prisión o fugados, fuera la del debido control en el recinto penitenciario, que no puede ser perturbado por las decisiones de la Junta Electoral, autorizando debates electorales desde la prisión. Vivimos tiempos de excesos y sobre todo de desorientación, también en el ámbito judicial, como lo acreditan resoluciones tan contradictorias en muchos casos. Los jueces tienen un papel indeclinable e insustituible en nuestro sistema constitucional, que es juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, pero no son administradores y cuando lo son, no siempre aciertan, como lo demuestran las decisiones de la Junta Electoral compuesta de forma mayoritaria y quizás excesiva por magistrados del Tribunal Supremo. La Junta Electoral Central es administración, aunque de “especial naturaleza”, como declaró el TC, en jurisprudencia reiterada desde 1988 y, por tanto, debería evitar desviarse de sus funciones legalmente establecidas, ejercidas de manera prudente y guiada por la transparencia e igualdad en el proceso electoral en el marco del principio de legalidad, piedra angular de las demás decisiones, incluso las de la igualdad, pues esta última no existe en la ilegalidad. Ese al menos es mi criterio, fundado en la norma y contrastado por la jurisprudencia. En caso contrario, como enunciaba una doctrina ya clásica y superada del Consejo de Estado francés, “juzgar es también administrar”; aunque aquí parece quererse decir, de forma contraria, que al administrar ya se está juzgando. ¡Tiempos! Manuel Pulido Quecedo Doctor en Derecho Constitucional

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La Junta Electoral Central y los debates

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