Diario de Navarra

A menos de un mes de la celebración de las elecciones municipales, es el momento de hacer balance de la legislatura en el Ayuntamiento de Pamplona, un balance en materia de seguridad pública. Si analizamos en global toda la legislatura de cuatripartito al frente de Ayuntamiento, observaremos como la política en materia de seguridad ciudadana ha sido errante en determinados momentos. No debemos de olvidar que el equipo de gobierno con el Sr. Asirón al frente, a los pocos días de entrar en el gobierno municipal indicó que quería, un nuevo modelo policial, deseando; “una policía más cercana, más social y más humana, mediante la proximidad estratégica y el saneamiento del ambiente social. Reforzando la figura del policía de enlace, fomentando la participación activa, y orientando la labor hacia la prevención y la resolución de los conflictos”. Para ello encargó un plan estratégico a un empresa externa, para que desarrollase un análisis de la relación entre la policía y la sociedad pamplonesa, dicho plan costó 40.000€, ya que el equipo de gobierno carecía de ninguna estrategia en esta materia, como muestra; podemos decir que el programa electoral de Bildu en Pamplona no contenía ni una sola acción en materia de seguridad vial. Pero lo que ha marcado esta legislatura en materia de seguridad pública, ha sido la permisividad de este Ayuntamiento con la ocupación de edificios públicos. Si miramos el acuerdo programático del actual equipo de gobierno, veremos como en esta materia indicaban que para “La resolución alternativa de los conflictos sociales: una nueva forma de civismo en el que la mediación se instaure como cauce de resolución de conflictos”. Toda una declaración de intenciones de lo que serian estos últimos cuatro años, olvidando que la ocupación de una vivienda sin que lo haya autorizado su propietario se trata de un delito de usurpación el cual se recoge en el artículo 245 Código Penal. La connivencia con la ocupación de edificios públicos, se puede ver desde dos vertientes a mi entender, en la primera; estaríamos hablando de como los que gestionan los recursos públicos entienden que los bienes públicos en ese momento son una herramienta con la que contentar a una serie de colectivos afines a sus ideas políticas y la segunda; una total dejadez a la hora de gestionar los recursos públicos. El mensaje que se lanza a una sociedad permitiendo la ocupación de edificios que son propiedad de todos, es totalmente perniciosa, no solo como Ayuntamiento si no como modelo de sociedad, Pamplona con esta política de permisividad ante la ocupación ha sido reclamo para colectivos ocupas no solo de España si no de Europa. En materia de seguridad jurídica, se puede analizar cómo un total fracaso para una sociedad ver como unos pocos viven en edificios públicos ocupados, mientras el resto pagamos religiosamente nuestros alquileres, por no hablar de las actividades ilícitas que se vienen desarrollando en algunos de ellos. Vemos como la ocupación del Palacio de Marqués de Rozalejo ha sido siempre a poyada por parte del equipo de gobierno, olvidándose de cómo en ese edificio se estaba utilizando como; bar, cine, gimnasio, auditorio, sin contar con las mínimas medidas de seguridad, por no hablar de como se incumplía religiosamente toda la normativa municipal en materia de; locales, salubridad, seguridad, horarios, sonometría, aforo, etc. Toda una irresponsabilidad para la seguridad de las personas. Cuando se analizan los distintos entornos urbanos para la prevención del delito, nos encontramos con los patrones delictivos; estos, en muchísimas ocasiones nos indican que en los espacios públicos ocupados se dan unos factores de riesgo mucho mayores; debido a la sensación de impunidad de quien es sabedor que está cometiendo un delito y cuenta con la permisividad de las autoridades, no tenemos más que ver la cantidad personas que se mueven por toda Europa dentro de una red violenta anti-sistema que usa estas casas ocupadas como alojamiento, por su falta de control. Esta permisividad genera una falsa sensación de impunidad que lleva a la realización de acciones delincuenciales de otro ámbito más allá de la ocupación. Durante toda la legislatura se han conocido muchísimos casos de ocupación de viviendas e inmuebles de propiedad municipal que están siendo ocupados mientras el ayuntamiento ha mirado hacia otro lado, incluso ha realizado mejoras para los ocupas. Hace unos días se conocía un informe municipal en el cual se indicaba que el parque de viviendas del ayuntamiento de Pamplona cantaba con más de 40 de ellas en situación de ocupación, no se puede consentir que un Ayuntamiento como el de Pamplona cuente con tal numero de inmuebles ocupados y muchos menos que mire para otro lado cuando esas viviendas pueden ser focos de delincuencia, de la cual el Ayuntamiento en alguna manera siempre será responsable. Gustavo Galarreta es experto en seguridad

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El Ayuntamiento de Pamplona y la ocupación

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