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Información no financiera y diversidad: impacto en Navarra

Íñigo Úrculo

Íñigo Úrculo

DN
03/04/2019 a las 06:00
  • Íñigo Úrculo
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El pasado diciembre, el Gobierno aprobó la Ley 11/2018 de Información no financiera y diversidad por la que determinadas sociedades están obligadas a presentar, conjuntamente y como parte integrante del informe de gestión que acompaña sus cuentas anuales, un estado de información no financiera.

Dicho estado debe incluir la información necesaria para comprender la evolución, los resultados y la situación de la compañía o grupo, y el impacto de su actividad respecto a cuestiones medioambientales y sociales, al respeto de los derechos humanos y a la lucha contra la corrupción y el soborno, así como relativas al personal (incluidas las medidas que, en su caso, se hayan adoptado para favorecer el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres), la no discriminación e inclusión de las personas con discapacidad y la accesibilidad universal. De acuerdo con esta ley, toda empresa es considerada responsable, dentro de su ámbito de actuación, del impacto de sus acciones en la sociedad.

En este sentido, su publicación cubre la necesidad de disponer de una información cada vez más completa y poliédrica sobre una compañía, de cara a la toma de decisiones socialmente responsables, basadas no solamente en el beneficio económico, sino también en el impacto en ámbitos, hasta hace poco no considerados y, por lo tanto, ni medidos ni evaluados. Dentro de un entorno en el que la transparencia es asumida como valor, la oportunidad que ofrece esta nueva ley es complementar la toma de decisiones.

Actualmente, esta ley es de aplicación para toda empresa que al cierre de su ejercicio tenga una plantilla media superior a 500 trabajadores y, asimismo, o bien tenga unos niveles de activos e ingresos razonablemente altos (20 y 40 millones de euros, respectivamente) o bien sea una entidad de interés público (fundamentalmente, entidades cotizadas). Un ámbito que se verá ampliado en los próximos tres años, en tanto en cuanto la obligación se extenderá a las sociedades con más de 250 trabajadores.

Algunas de estas empresas, filiales relevantes de grandes grupos industriales internacionales situadas en la Comunidad Foral Navarra, ya disponen de sistemas y estructuras de información implantadas centralizadamente por sus matrices, por lo que la generación de dicha información no debería resultar complicada. Además, en estos casos, la responsabilidad de publicación de la información no financiera puede derivarse a su matriz superior, siempre y cuando ésta cumpla con sus obligaciones en el país de origen.

Se trata de los grandes y medianos grupos empresariales navarros que superen estos niveles, con matriz, sede y dirección corporativa en la Comunidad foral, quienes deben afrontar esta nueva ley como una oportunidad para diferenciarse en términos de transparencia y responsabilidad social. Nuestras grandes y medianas empresas, ubicadas en sectores industriales tan distintos como el agroalimentario, el de energías renovables, el de automoción, el de salud o el de construcción, por poner ejemplos, se encuentran actualmente en una nueva revolución industrial. Tal y como marca el Plan Industrial de Navarra 2020, el objetivo de la industria navarra debe ser “su desempeño industrial, mejorando su competitividad global, incrementando su contribución a la riqueza regional y creando puestos de trabajo de alta cualificación gracias a la integración de las tecnologías 4.0, la formación, la I+D y un ecosistema favorable”.

La posibilidad que ofrece la nueva ley sobre información no financiera, de poner de manifiesto cómo estas empresas están consiguiendo tales hitos es una oportunidad que debe ser aprovechada. Las empresas industriales navarras, ante un mundo empresarial que cambia a toda velocidad, están sabiendo adaptarse a un mercado en continua evolución, modificando sus estrategias y modelos de negocio ante nuevas realidades, que les obligan a dar pasos rápidos. En un mundo cada vez más global, en el que las empresas navarras se encuentran en un proceso de deslocalización y transformación tecnológica y modernización de sus centros productivos, deben ser capaces de ordenar y cuantificar el potencial impacto que están produciendo en la sociedad.

El principal reto de nuestras empresas supone adaptar unas estructuras de reporte fundamentadas exclusivamente en información contable, a nuevos indicadores que permitan el seguimiento y evaluación de los progresos en otras materias, pero que a la vez resulten no solo comparables con el resto de compañías de su entorno, sino también que puedan ser verificados por expertos externos, que examinen y confirmen el cumplimiento de las nuevas obligaciones.

En este sentido, en el caso de grupos empresariales, la ley establece la obligatoria verificación de dicha información no financiera, lo que provoca que los auditores, como principales responsables de esta certificación, debamos disponer de equipos expertos en múltiples disciplinas (medioambiente y sostenibilidad, gestión de riesgos y control interno, normativa legal y laboral, etc.). Solo mediante normas estándares de auditoría, aplicadas con el mismo rigor y seguridad que las desarrolladas para la información financiera, es posible conseguir que ésta sea fiable y alcance su objetivo final: la posibilidad de tomar decisiones seguras y bien fundamentadas por parte de sus usuarios. La función de interés público que los auditores desarrollamos y nuestra condición de profesión regulada y supervisada nos coloca en la mejor situación para convertirnos, también en este caso, en los garantes de la transparencia en materia de información no financiera.

Iñigo Úrculo Socio de Deloitte en la Zona Norte

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