Diario de Navarra

La sala de lo Penal del Tribunal Supremo va a celebrar la vista oral de uno de los procesos más relevantes de su historia: el enjuiciamiento de los principales protagonistas del intento de derogación unilateral de la Constitución y del Estatuto de Cataluña llevado a cabo el año pasado. Desde un punto de vista jurídico, y a la espera de ver el desarrollo del proceso, resulta imprescindible formular tres consideraciones. La primera, que las conductas que se enjuician -con independencia de su concreta tipificación delictiva- son de la máxima gravedad. Los encausados llevaron a cabo un auténtico golpe de estado, entendiendo por tal todo intento de reemplazar de forma ilegítima un ordenamiento jurídico por otro. Los procesados llevaron a cabo una serie de actos cuya finalidad última era derogar unilateralmente la Constitución de 1978, es decir, la destrucción de la democracia. Ningún Estado de Derecho del mundo permitiría que esos comportamientos quedaran impunes. Por lo tanto, aquí no se está juzgando a nadie por sus ideas independentistas sino por la realización de una serie de acciones que desembocaron en episodios violentos y pusieron en riesgo la vigencia de la Constitución. La segunda, que en el proceso que va a desarrollarse en el Tribunal Supremo, los encausados van a gozar de todas las garantías propias de un Estado de Derecho. Esto quiere decir que van a poder aportar todas las pruebas pertinentes para su defensa, y que corresponde a las acusaciones la carga de destruir la presunción de inocencia, y de probar la existencia de los delitos y la participación de los procesados en ellos. Las defensas de los acusados podrán rebatir todas las acusaciones y las garantías del proceso se cuidarán al máximo, dado que la sentencia que finalmente se dicte será recurrida, primero en amparo ante el Tribunal Constitucional, y después ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La tercera consideración es que, a la vista de los rigurosos y bien fundamentados escritos de acusación, tanto del Ministerio Fiscal como de la Abogacía del Estado, resulta muy difícil de prever que se dicten sentencias absolutorias. Los delitos cometidos se produjeron a la luz del día, se retransmitieron por televisión, y se llevaron a cabo, en definitiva, a la vista de todos. En este contexto, el proceso girará en torno a la calificación jurídica, esto es, a la tipificación delictiva de los comportamientos realizados por los procesados. Básicamente, el Tribunal habrá de determinar si el golpe de estado perpetrado encaja en el tipo penal de la “sedición” o de la “rebelión”. La rebelión es el primero de los delitos contra la Constitución incluido en e Título XXI del Código Penal. Se define como un alzamiento público y “violento” para derogar o suspender la Constitución, o para declarar la independencia de una parte del territorio nacional (art. 472, apartados primero y quinto respectivamente). Ahora bien, el tipo penal no exige necesariamente la utilización de armas, ya que el artículo 473 apartado segundo prevé una pena superior y específica para los rebeldes que hayan “esgrimido armas”. Lo que requiere es que haya habido “violencia”, y esto es lo que habrá de dilucidar el Tribunal. El argumento que no se puede aceptar de ninguna manera es el sostenido por los jueces alemanes que rechazaron la entrega de Puigdemont y según el cual la violencia debe ser tal que consiga “doblegar la voluntad del Estado”. Ese razonamiento es absurdo. Tampoco Tejero consiguió doblegar al Estado en 1981 y no por ello dejó de incurrir en el delito de rebelión. Según esa peculiar teoría la rebelión para ser punible debería triunfar, pero es que, en ese caso, no se podría juzgar ya a los rebeldes. El escrito de acusación del Ministerio Fiscal entiende razonablemente que sí hubo violencia. En las jornadas de octubre se produjeron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, se destrozaron vehículos policiales y, sobre todo, se realizaron apelaciones a la movilización popular que implicaban la aceptación de que se produjeran conflictos aun más violentos. La sedición, por el contrario, no es un delito contra la Constitución, sino meramente contra el orden público. Se define como un alzamiento público y “tumultuario” para impedir la aplicación de una ley, el cumplimiento de una resolución judicial o administrativa o el ejercicio de sus funciones a una autoridad (art. 544 CP). Las conductas de los encausados tanto por su finalidad (derogar la Constitución) como por los medios empleados (violencia y no mero tumulto) parecen encajar mejor en el tipo “rebelión” que en el de “sedición”. En todo caso, el Tribunal Supremo es el único legitimado para resolver esta controversia y lo hará, como siempre, con el rigor jurídico y la profesionalidad que le caracteriza, así como desde la más absoluta independencia, y al margen de cualquier tipo de presión política, social o ambiental. Javier Tajadura Tejada Profesor de Derecho Constitucional de la UPV-EHU

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Un juicio con todas las garantías

Los encausados llevaron a cabo un auténtico golpe de estado, un intento de reemplazar de forma ilegítima un ordenamiento jurídico por otro

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