Diario de Navarra

El profesor Roldán Jimeno, en su excelente libro ‘Amnistías, perdones y justicia transicional’, hace suya la definición de justicia de transición que realiza el Secretario General de la ONU en 2004. “El ámbito teórico y práctico para afrontar los legados de los abusos masivos contra los derechos humanos, en las transiciones de regímenes dictatoriales o conflictos armados, hacia regímenes democráticos o situaciones de paz”. Jon Elster afirma que el español “es un modelo único dentro de las transiciones a la democracia ya que existió una decisión deliberada y consensuada de evitar la justicia transicional”. O dicho de otra manera, construimos nuestra democracia sobre el olvido de la dictadura. Este modelo singular de transición es, 40 años más tarde, demonizado por unos y endiosado por otros. Las víctimas de la represión franquista, familiares de ciudadanas y ciudadanos que fueron fusiladas y fusilados o sufrieron cárcel, tortura o exilio reivindican, con toda legitimidad y razón, su derecho a la verdad, a la justicia y reparación moral. Las distintas leyes de memoria histórica autonómicas y la estatal vienen a paliar, no totalmente, la anomalía democrática que supuso el olvido y fortalecen el espíritu de una Transición que nos permitió dotarnos de una Constitución que articula un Estado democrático con clara vocación integradora. Son estas leyes una acción clara de políticas postransicionales que deberían ser apoyadas por el conjunto de las fuerzas democráticas políticas y sociales de nuestro país. Nietzsche, desde la filosofía, afirma que “el conocimiento del pasado es solo deseable si es útil para el futuro y el presente. No, si debilita el presente o erradica el futuro vital”. Necesitamos aprender de los errores pretéritos para dialogar, para entendernos, para convivir, para reconciliarnos y para avanzar en una sociedad con garantías de no repetición de unos horrores absolutamente incompatibles con la dignidad humana. La dictadura militar de Franco además de condenada debe ser críticamente enseñada en las escuelas y en los mismos lugares de memoria. Siendo grave el acto de desmemoria, no es el único hecho anómalo que sufrió nuestra Transición. El terrorismo de ETA vulneró sistemáticamente y durante décadas los derechos humanos de la población, asesinando, secuestrando, extorsionando y amenazando a miles de ciudadanos y ciudadanas. Hace unos días acompañé a Sandra Carrasco en el homenaje que el Ayuntamiento de Mondragón tributó a su padre. Tardío y triste acto público donde se colocó una placa que dice “Isaías Carrasco Miguel. Arrasateko Udaleko zinegotzia 2003-2007. Gogoan. En recuerdo”. La placa omite, olvida, en una decisión deliberada y consensuada, que Isaías fue asesinado por ETA (con el apoyo político de Batasuna) por ser un concejal socialista elegido democráticamente por los vecinos de su pueblo. Cuando abracé a su hija sentí el dolor de la ausencia pero también la brutalidad cometida con ella, con su madre, con sus hermanos, con sus familiares, con sus amigos, con sus compañeros y compañeras. El pasado mes de octubre el abogado sudafricano Brian Currin, promotor del Grupo Internacional de Contacto, afirmaba en los medios de comunicación que el proceso del fin de ETA “es único por su naturaleza unilateral” y “sí, creo que en otros lugares pueden aprender de Euskal Herria”. Es decir, aquí la singularidad es tan destacada que puede servir a otros, ser exportable. Pero nada dice de las víctimas. Lo que sí expresa con toda claridad el reconocido mediador de conflictos es que “la forma en que lo vi entonces, y creo que es correcta, es que la mayor parte de la dirección de la izquierda abertzale estaba situada dentro de ETA, no dentro de Batasuna”. ¿Lo olvidamos? ¿Estamos en un proceso post ETA único, singular y sin memoria? Si es así, ¿quién lo ha decidido? Afirma Todorov que “la memoria no es neutral. Según se plantee su reivindicación puede llegar a tener una función en absoluto positiva para la convivencia”. Si eso es así, cabe concluir que es absolutamente necesario un amplio pacto político y social, liderado por las Instituciones, y basado en una verdad transformativa y compartida, que contribuya a una cultura de paz y convivencia entre diferentes. Y como bien puntualiza la catedrática Paloma Aguilar “cuando decimos compartidas no queremos decir que no haya múltiples interpretaciones del pasado, sino que casi siempre existirá una especie de denominador común más ampliamente participado que los demás. Una memoria de consenso”. No se puede negar que, por la psicología social, sabemos que se encara mejor el presente cuando el recuerdo es menor. Luego no siempre el olvido es fracaso de la memoria. Puede ser una herramienta de superación de fracturas sociales en periodos históricos muy críticos. Pero no debe jamás adoptarse, de forma unilateral, por los victimarios sobre sus víctimas. Propongo que el principio de acuerdo sea: “Nunca más ni para nadie aquellos (y estos) horrores”. Martín Zabalza Arregui. Responsable de la Oficina de Memoria Democrática del PSN-PSOE

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Memoria democrática y transiciones

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