Diario de Navarra

Navarra ha vivido en esta legislatura varias reformas fiscales. El actual Gobierno las ha justificado como necesarias para conseguir una mayor recaudación -cifrada en 219 millones de euros- que ayude a sufragar otro tipo de gastos públicos. Resulta paradójico que se haya querido recaudar más, teniendo en cuenta que debido al ciclo económico favorable de esta legislatura las arcas forales ya han sumado, entre el año 2016 y el 2018, 800 millones de euros en tributos extra respecto al año 2015. ¿Eran necesarias las reformas fiscales con tal cantidad de ingresos de más? La respuesta, desde el punto de vista de la eficiencia, es que no. Se podrían haber realizado reformas fiscales orientadas a mejorar la competitividad de las empresas que, con la participación de quienes conforman la sociedad navarra, es decir, los ciudadanos, son las que generan riqueza. Si se consigue que las compañías mejoren, habrá más empleo, lo que repercutirá directamente y de manera positiva en la sociedad, a través de puestos de trabajo. Al hacerlo, será necesario invertir menos recursos en ayudas del tipo la renta garantizada, entre otras. A este respecto, la UAGN fue muy clara al denunciar que estas ayudas están frenando la contratación en el campo. A nivel nacional también estamos siendo espectadores de lo que algunos califican de “sablazo fiscal histórico”, que incluye medidas económicas y fiscales que van a afectar al IRPF, a patrimonio, a sociedades… Al igual que en Navarra, las reformas no van a ayudar a la competitividad, sino que tienen un mero afán recaudatorio. Recientemente se ha publicado un interesante estudio del economista italiano de la Universidad de Harvard Alberto Alesina que desmonta la política fiscal llevada a cabo por el actual Gobierno de Navarra y la prevista por el gobierno nacional. El citado estudio analiza más de 180 planes de ajuste puestos en marcha en dieciséis países de la OCDE. La conclusión, que quizá sorprenda a algunos, apunta a que los recortes en el gasto y en las transferencias tienen un impacto menos negativo para el crecimiento económico que las subidas de impuestos, con impactos más recesivos que la estrategia de consolidación fiscal. La inversión se reduce mucho más cuando los ajustes se afrontar por la vía de subida de impuestos; y, al mismo tiempo, la confianza de consumidores y empresarios tiende a aumentar por la vía de recortes. Es decir, que la estrategia de subida fiscal tiene consecuencias negativas para el crecimiento, la inversión y la confianza de los consumidores y empresarios, que son los factores esenciales de cara al futuro para conseguir la eficiencia en la gestión. Precisamente el Instituto Nacional de Estadística ha publicado recientemente los datos de la confianza empresarial: a nivel nacional, y en relación al trimestre anterior, este indicador ha sufrido su mayor retroceso desde el inicio de la serie, en 2013, al caer un 1,7%. Navarra ha obtenido un resultado aún peor, al retroceder la confianza empresarial un 4,3%, lo que sitúa a nuestra región en el noveno puesto de todas las CCAA. La confianza del consumidor español también está en horas bajas: ésta cayó a 90,6 puntos en septiembre, el mayor descenso mensual desde mediados de 2012. Así las cosas, nos encontramos cerca de acabar la legislatura en Navarra. Nuestra región se enfrenta, al igual que muchas otras, a una serie de retos importantes, entre los que destacan la globalización, que hace que las empresas compitan no solo con su vecino sino con el resto del mundo, la imperiosa necesidad de mejorar nuestra competitividad, los retos educativos que exigen que la empresa y los centros formativos estén cada vez más conectados, o la digitalización de la sociedad y la casi obligación de estar a la última en todos los terrenos. Pues bien, en vez de haber proyectado una política de acuerdo a estos retos, el actual Gobierno de Navarra se ha centrado en una política de cuatripartito cortoplacista y poco orientada al desarrollo económico. Pero los políticos que nos dirigen, elegidos democráticamente, debieran gobernar no solo para sus votantes, sino para toda la sociedad, sin perjudicar ni discriminar a nadie. Ojalá nuestros representantes públicos supieran percibir la realidad actual, actuaran con eficiencia y planificaran el futuro de acuerdo a los tiempos que vienen, sin tintes ideológicos, pensando más en el largo plazo y menos en las urnas. Quizá se sorprenderían de la reacción de los votantes. José León Taberna Ruiz es presidente del think tank Institución Futuro

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En busca de la eficiencia en la Administración

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