Diario de Navarra

La sensibilidad social nos obliga a reconsiderar quién debe ser el sujeto pasivo del impuesto; y consideramos de justicia hacer una revisión de cara a modificar la ley foral”. Palabras de la portavoz del Gobierno navarro, María Solana, tras conocerse el fallo del Tribunal Supremo y el mismo día que el presidente Pedro Sánchez anunciaba que serían los bancos y no los compradores de una vivienda quienes asumieran el pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados de las hipotecas. En estos tiempos que transitamos es muy fácil dejarse empujar por la demagogia populista y apuntar a la maléfica banca como causante de todos los males que nos envuelven, aunque justo es reconocer que han hecho méritos más que suficientes para ello. Sin embargo, la realidad es que los bancos han cobrado hasta ahora un dinero, tal y como exigía la ley, que iba a parar a las haciendas de las comunidades autónomas. Es decir, la banca ha hecho durante años de simple intermediaria entre el comprador y las arcas autonómicas, sin que nadie se preguntase por qué este impuesto lo tenía que pagar el ciudadano de a pie. Hasta ahora, que el Tribunal Supremo se ha manifestado, tras algún requiebro, a favor de los bancos y en contra de los clientes. A los responsables políticos les ha faltado tiempo para ponerse al lado de quienes dan los votos, cambiando la norma y dándole la vuelta al fallo del Supremo. Una manera fácil y rápida de sintonizar con la mayoría de la sociedad, sin perder un sólo euro de los ingresos tributarios. Los técnicos del Ministerio de Hacienda calculan que medio millón de hipotecados se ahorrarán al año más de mil millones de euros, que a partir de ahora tendrán que abonar las entidades bancarias. Pero como en tantas otras situaciones, los árboles no nos dejan ver el bosque. No se trata de quién debe pagar este impuesto, sino por qué hay que pagar este impuesto. La única razón que puede encontrarse es la de la voracidad recaudatoria de los gobiernos. Un día cualquiera nos dirán que hay que pagar por pisar la calle. Todos sabemos, hasta los políticos, aunque lo disimulen, que al final quienes realmente van a pagar ese impuesto van a seguir siendo los clientes de los bancos que tienen que recurrir a una hipoteca para comprar su vivienda. Sólo hay una manera de que esto no suceda: eliminar un tributo injusto e innecesario. ¿Y las madres navarras? Lo sorprendente es la apelación a la sensibilidad de este gobierno, el de Barkos, con los ciudadanos afectados por el impuesto a las hipotecas (aunque de momento, mañana lunes los navarros serán los únicos que seguirán pagándolo), cuando no tiene ningún reparo en dejar en la estacada a miles de madres navarras que reclaman la devolución de las retenciones por maternidad en el IRPF de los últimos años. Un asunto que ha seguido parecido recorrido que el del impuesto a las hipotecas. El Tribunal Supremo falló a favor de la exención de las prestaciones por maternidad y las madres afectadas del resto de España (Euskadi incluida) verán satisfecha su demanda. Menos las navarras. Porque cuando el gobierno nacionalista de Barkos habla de sensibilidad, en lo que está pensando es en la cartera, en los millones de euros que podría suponer de merma a las arcas forales. “No se aprecian dichas exigencias de nivel general que hagan necesario declarar la exención de estas rentas, máxime cuando dicha exención se considera regresiva y discriminatoria desde el punto de vista de la justicia retributiva y del mantenimiento de la progresividad del impuesto y por eso mismo en 2012 se eliminaron las exenciones con efectos a partir de 2013”, explicaba el Ejecutivo foral para negar el reintegro del gravamen a las madres. En qué quedamos, UPN, PSN y PP lo hicieron bien o lo hicieron mal cuando en 2012 eliminaron la exención de las prestaciones por maternidad. Pero es que no se trata de quién lo hizo, ni de si era una decisión progresiva o regresiva. Se trata de que el Tribunal Supremo ha establecido que las prestaciones por maternidad están exentas del IRPF, doctrina que se va a cumplir en toda España, excepto en la Comunidad foral. Nunca como ahora, las competencias tributarias de Navarra se han utilizado para penalizar a sus ciudadanos. Le llaman sensibilidad.

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El Gobierno de la sensibilidad

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