Diario de Navarra

Sostenerla y no enmendarla era la conducta habitual de los antiguos hidalgos españoles: una vez habían desenvainado la espada por algún agravio, real o imaginario, no tenían más remedio que sostenerla y usarla hasta el final aunque fueran conscientes de haberse equivocado. Así lo prescribían las leyes del honor. En medicina, semejante proceder es desastroso. Cuando un medicamento, en la dosis adecuada, se demuestra ineficaz, persistir en su administración, aumentándola, no logra otro resultado que acrecentar los efectos secundarios en el paciente. Por todo ello, me sorprende el recurso que de tan nefasta actitud suele estilarse en política. Sorprende mucho, por insólito, que un partido político, aprobada una ley por su iniciativa, monitorice la consecución de los objetivos perseguidos y la posible aparición de efectos perversos indeseados. Aún es más infrecuente que, si la ley se muestra ineficaz o contraproducente, los políticos analicen los motivos o propongan enmiendas correctoras. Soy de la Ribera e hijo de agricultores. Me identifico con ellos, aunque en la actualidad viva muy alejado de sus circunstancias y problemas. Desconozco, por tanto, si le asiste la razón al Sr. Félix Bariáin, presidente de la UAGN, cuando denuncia “la imposibilidad de encontrar trabajadores por parte de los agricultores para efectuar tareas agrícolas”, situación de la que culpa a la “nefasta política de renta básica o garantizada emprendida por el Gobierno de Barkos”. Me ha sorprendido, no obstante, la respuesta del gobierno a su queja. Constituye un ejemplo ilustrativo, aunque menor, del principio de sostenerla y no enmendarla. La muestra más paradigmática y perniciosa de esta clase de actuaciones se plasma en las sucesivas y alternantes leyes de educación. En la contestación al Sr. Bariáin, llama la atención que no se hayan negado los hechos, lo cual invita a suponer que son verdaderos. De modo análogo han reaccionado los portavoces del cuatripartito. Ha de admitirse, pues, la contradicción existente entre la imposibilidad de encontrar trabajadores para efectuar tareas agrícolas y la existencia de más de 6.000 beneficiarios de una ley pensada para ayudar a personas sin ingresos por falta de trabajo. Por tanto, ¿es descabellado pensar que algo no está funcionando del todo bien en la aplicación de una muy necesaria medida social (véase el acertado artículo de Luis Sarriés Sanz: Renta garantizada: un reto a la solidaridad, “DN”, 10/10/18) que jamás debiera convertirse en desincentivadora de la búsqueda de empleo? Una verdadera integración y cohesión social no se podrá alcanzar sin la incorporación al mercado laboral de los circunstanciales beneficiarios de la renta básica. La presidenta, Uxue Barkos, afirma que “no malgastamos ni un solo euro” y “que se está invirtiendo con rigor, seriedad y con ambición de cohesión social”. No hay por qué dudar de la veracidad de dichas afirmaciones. Pero, a mi juicio, sigue sin responder al cogollo de la queja del líder sindical. Lo que se discute es si la renta básica, tal como se está gestionando en Navarra, produce o no algo que los médicos llamaríamos efectos adversos indeseados; y si fuera así, que es lo que parece, qué medidas reparadoras habrían de adoptarse para evitarlos. Dando por sentado que la renta básica es una de esas prestaciones que se establecen con la mejor de las intenciones y cimentada en unos fundamentos teóricos racionales, ha de admitirse, sin embargo, que tales condiciones no garantizan, ni la consecución de los objetivos perseguidos, ni la evitación de efectos secundarios perniciosos, ni la génesis de algún nuevo problema. Si se verificara una relación causa/efecto entre el modo en que se está materializando la renta básica y la desincentivación de la búsqueda de trabajo por parte de determinados perceptores, sería indudable que su aplicación ocasiona la situación denunciada. Seguro que la Sra. Barkos no ignora que la extrema derecha se está extendiendo por toda Europa y que determinadas políticas de inmigración están muy relacionadas con este fenómeno. Los gobernantes deberían extremar las precauciones para evitarlo. No me parece acertado sugerir que existe racismo entre quienes critican una determinada medida política. Eso es lo que parece dar a entender la presidenta: el sindicalista está cuestionando a personas que “viviendo y trabajando entre nosotros, tienen derecho a una ayuda; ahora resulta que es destrozar a nuestra sociedad, ahora resulta que vienen a abusar”. Pero, por lo visto, el Sr. Bariáin no cuestiona a ninguna persona sino una medida política. La obligación del gobierno, y en particular del departamento de Derechos Sociales, estriba en investigar hasta qué punto es cierta la denuncia y, si lo fuera, rectificar y estar dispuesto a enmendarla. Claro está que siempre resulta más fácil la descalificación demagógica, carente de rigor, que el análisis ponderado de los problemas. Sobre todo si empiezan a oírse tambores preelectorales. Jesús María Garde Garde es doctor en medicina. Pediatra y alergólogo

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'Sostenella y no enmendalla'

El autor señala que el Gobierno de Navarra en lugar de cerrarse en banda sobre la renta garantizada debería investigar la denuncia y, en su caso, rectificar lo que fuera preciso

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