Diario de Navarra

Comisiones parlamentarias de investigación creadas por políticos, con intenciones políticas y conclusiones políticas, que sólo sirven para dar publicidad a intereses partidistas. Así pasa en la mayoría de las comisiones de investigación aprobadas por los parlamentos con el único fin de menoscabar la reputación de los adversarios políticos. En realidad, no se busca la verdad de lo ocurrido, sino un resultado que dé réditos a unos y desgaste lo máximo posible a los otros. Es la pretensión de la interminable comisión que investiga Caja Navarra, convertida en una pasarela de ilustres que van contando sus historias y a los que los grupos aplauden o critican según se ajusten más o menos a sus intereses; es lo que sucedió en la comisión sobre la planta de biometanización de Ultzama, a pesar de que los tribunales han ido quitando razones objetivas a los denunciantes y cualquier atisbo de ilegalidad; y es lo que ocurrió en la comisión creada tras las acusaciones de una exdirectora gerente de la Hacienda foral a una consejera de Economía, en la que las conclusiones venían escritas de serie tras el vergonzoso pacto del almacén. Así que poco se puede esperar de comisiones en las que el guión está escrito de antemano por unos políticos que dicen buscar la verdad y encuentran sus propias limitaciones. Los grupos de la oposición -UPN- PSN y PP- plantean ahora la creación de una nueva comisión que investigue las ayudas de Sodena a Davalor, sociedad a la que el vicepresidente económico del Gobierno de Navarra, Manu Ayerdi, dio un millón de euros por su cuenta y riesgo, sin contar con los informes técnicos de Sodena. Previsiblemente, una comisión de investigación no va a descubrir nada más de lo que ya todo el mundo sabe, pero llama la atención que el cuatripartito, el del cambio, el de las alfombras y la transparencia, se empeñe en extender la investigación a la operación de compraventa de acciones de Iberdrola (2005-2014) por parte de Sodena, así como a las inversiones financieras de la sociedad pública en diversos proyectos que resultaron fallidos (2002-2013). En resumen, tratan de esconder, diluir y tapar la investigación sobre la actuación del vicepresidente Ayerdi en Davalor como un capítulo más de un informe en el que se concluya que otros responsables políticos que le precedieron, de anteriores gobiernos, también actuaron de forma atípica. “La estrategia del calamar”, que describe la socialista María Chivite. Al margen de la poca credibilidad de estas y de otras comisiones políticas, los socios del gobierno demuestran que sus grandilocuentes discursos sobre el cambio y la transparencia son papel mojado. Transparencia para los demás, que no para mí. Porque asuntos que incumben al gobierno para investigar o al menos dar explicaciones hay muchos. ¿Acaso alguno de los socios del cuatripartito se ha preguntado por la sonrojante declaración de bienes y patrimonio de la presidenta Barkos? ¿A alguien le ha llamado la atención la política de subvenciones a asociaciones, chiringuitos y medios amigos del gobierno con la excusa de promocionar el euskera, la cultura vasca o comprar un castillo en Francia? ¿Qué está sucediendo con la coordinación en SOS Navarra? No vale hacer leyes rimbombantes o crear organismos como el de la Transparencia y Buen Gobierno, si es el propio gobierno y los partidos que lo sostienen los primeros en torpedear el derecho de los ciudadanos a una información transparente y veraz. Con la creación de una nueva comisión de investigación, los parlamentarios navarros van a tener trabajo a destajo en estos seis meses que quedan hasta la disolución de la Cámara foral. Seis meses de escaso provecho para la sociedad navarra, pero a buen seguro que serán entretenidos con el desfile de personas y personajes por las comisiones -CAN y Sodena- y las pullas que los grupos van a dedicarse mutuamente como punto de partida de la campaña electoral.

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La mentira de las comisiones de investigación

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