Diario de Navarra

Ayer, Diario de Navarra se hacía eco de la carta de un vecino de la localidad de Cáseda en la que manifestaba su rechazo ante el proceder de la operadora del 112 tras su llamada alertando de los trágicos sucesos ocurridos a la puerta de su casa. Tan indignado estaba este ciudadano que interpuso una denuncia penal por un delito de omisión del deber de socorro, y en la que señalaba que la operadora del 112 que atendió su llamada telefónica evitó pasar el aviso a la Guardia Civil de la localidad. Hoy, el Delegado del Gobierno cuestiona el protocolo del 112 y una Asociación de Guardia Civil pide una investigación. Recientemente el crimen ocurrido en el barrio pamplonés de San Jorge llevaba a los medios de comunicación la denuncia de varios sindicatos del Cuerpo Nacional de Policía sobre las estructuras de mando de algunas policías que, con un sesgo nacionalista importante, están entorpeciendo y minando la imagen de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Criticaban la falta de gestión y coordinación y acusaban al 112 de estar tratando de dar protagonismo a la Policía Foral en detrimento de Policía Nacional y Guardia Civil. Al mismo tiempo, estos mismos sindicatos resaltaban la colaboración y actitud ejemplar de los “trabajadores y trabajadoras” del cuerpo autonómico cuando debían actuar conjuntamente con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Vivimos en una Comunidad donde conviven cuatro cuerpos policiales (Policía Foral, Policías Locales, CNP y Guardia Civil ). Además tenemos el ratio de policías por habitante más alto del Estado y de los más altos de Europa. No voy a entrar a valorar en estas líneas sobre si los cuerpos policiales estatales deben o no replegarse en la Comunidad Foral de Navarra en la medida en que la Policía Foral asuma más competencias de las que hoy en día tiene. Lo que está claro es que resulta imprescindible abrir un proceso real de negociación con el Estado de cara a que se produzca un desarrollo escalonado de la Policía Foral, si es lo que se quiere. Una negociación real y pensada para la ciudadanía, no en intereses políticos, también si es lo que se quiere. Y dejar de lado declaraciones que ya pocos comparten cuando, por ejemplo, la actual consejera de Interior define a la Policía Foral como una policía integral. Ni ella misma se lo cree. La Cámara de Comptos, ya en 2014 en su Informe Fiscalizador de la Policía Foral, recomendaba avanzar en la coordinación y en la reorganización y clarificación de funciones de los cuerpos de policía existentes en Navarra para conseguir un mejor aprovechamiento de los mismos. Hoy, cuatro años después seguimos igual o peor, si atendemos a las declaraciones sobre la descoordinación existente que se vierten continuamente. El Departamento que dirige María José Beaumont sigue empeñado en tapar dos cabezas con una boina; en hacer trabajar más horas y en peores condiciones a los hombres y mujeres que forman parte de la Policía Foral para intentar atender las competencias que hoy ya tiene, y que en muchas ocasiones no puede siquiera atender de la mejor manera posible. En Navarra la Policía Foral tiene unas competencias determinadas, alguna de ellas compartida con el resto de cuerpos policiales, y éstos, a su vez, tienen las suyas. Con este panorama competencial lleno de disfunciones, duplicidades y malos entendidos es imprescindible una eficaz coordinación para que el servicio público de seguridad que prestan estas trabajadoras y estos trabajadores, unas y otros, se realice con la mayor calidad, eficacia y eficiencia en los mismos términos que venimos exigiendo en la prestación de todos y cada uno del resto de los servicios públicos. A mi modo de ver, lo que nunca debería hacerse es responsabilizar a las trabajadoras y trabajadores de las actitudes y actuaciones de quienes dirigen los diferentes servicios, también del 112. Personas que cumplen con su cometido de la mejor manera posible, realizando, en muchos casos, esfuerzos ni pagados ni reconocidos con el único objetivo de prestar un servicio público de calidad. El buen hacer del servicio de emergencias, el 112, está ampliamente reconocido por la ciudadanía navarra. El 112 tiene unos protocolos de actuación perfectamente definidos, los operadores y las operadoras tienen la obligación de cumplirlos. En el caso del crimen de Cáseda, la operadora en cuestión siguió estos protocolos al pie de la letra, atendiendo la emergencia de forma profesional y según las normas establecidas. Si alguien tiene algún reproche sobre la actuación del servicio prestado debiera apuntar bastante más alto en el escalafón de personal, y no cargar contra las personas trabajadoras, blanco fácil en nuestra sociedad. Cecilio Aperte Mínguez es secretario general de la federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Navarra

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No es responsabilidad de los trabajadores

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