Diario de Navarra

E N tiempos de tribulación no hacer mudanzas, dice la máxima ignaciana, aunque bien podría argumentarse, que al menos sí preparar los cambios para cuando las circunstancias lo aconsejen. La universidad española los requiere “sine ira et studio” (sin odio y sin parcialidad). El espectáculo de los “másteres” expedidos en condiciones más que dudosas y las tesis doctorales de algunos políticos, redactadas por terceros o de escaso valor académico, ha puesto sobre la mesa de la opinión pública la necesidad de cambios, que pongan orden en una institución como la universitaria que desde hace muchos años requiere una profunda reforma organizativa y académica. No mejor balance podría arrojarse si se escrutasen los grados impartidos tras la reforma de Bolonia, que han burocratizado la universidad, para empeorarla. Sin riesgo a errar, podría señalarse que la universidad española, tanto en cuanto a la selección de sus docentes, acreditados en los últimos años como titulares y catedráticos de manera burocrática por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), cuanto a la calidad de sus planes de estudio y no digamos su gobernanza, es manifiestamente mejorable. Es cierto que la concepción de la autonomía universitaria (art. 27.10 Constitución Española (CE) lejos de entenderse como una garantía para la libertad de investigación y docencia, se convirtió en virtud de una sentencia del Tribunal Constitucional (26/1987, de 27 de febrero) en un derecho fundamental de imposible contenido, que lejos de mejorar su sentido prístino la ha conducido por derroteros organizativos y de “tribu”, que no han hecho mejorar ni su calidad ni su prestigio. Ninguna universidad española juega en la liga de los premios nóbeles y es algo que nos debería preocupar. Es necesario, por tanto, abrir un proceso de reflexión sobre aspectos organizativos como sobre el número de universidades y de profesores. En cuanto a la creación de nuevas universidades, ha primado la cantidad sobre la calidad, al haber pasado de 12 Universidades a finales de los años setenta del siglo pasado a cerca de 100, incluidas las privadas en el día de hoy, casi todas generalistas, sin priorizar ni distinguirse singularizadamente por el prestigio de sus “maestros”, titulaciones y especialidades. Sobre lo segundo, el profesorado, más allá del elevado número de catedráticos y titulares en algunas disciplinas (L. Martín Rebollo daba el dato de 150 Catedráticos y unos 300 titulares en algunas asignaturas de Derecho) cuanto al “status funcionarial de los cuerpos docentes”, al fundarse en una concepción napoleónica de la institución ya superada, que ni garantiza la calidad ni el principio de mérito y capacidad (art. 23.2 CE) para reclutar a los mejores, y donde prima la endogamia, como tantas veces se ha denunciado. No digamos de los planes de estudio de los grados, de los másteres de toda clase (algunos a precios desorbitados) y los doctorados devaluados como mérito profesional, al no ser en muchos ámbitos profesionales valorados como medio de promoción y sí solo de carrera universitaria, inexistente por lo demás para el joven profesorado en estos últimos años, por la “sequía” de plazas que repusiese la tasa de jubilados. Es en esta esfera donde urge “racionalizar” y repensar en sentido universitario, con sentido crítico, si la enseñanza e investigación mejoran y progresan, no cuantitativamente sino en términos humanos y de homologación internacional. Finalmente el sistema de gobernanza, tanto en lo relativo a la elección de rectores y equipos de gobiernos (elevados hasta la saciedad con fines clientelares) así como en la gestión de la Administración universitaria cuyos cargos son desempeñados en muchos casos de manera no profesionalizada sino endogámica, arrojan el resultado imperioso de reformar el sistema de la Ley Maravall de 1983, así como las posteriores reformas o parches de 2001 y de 2007. La reforma universitaria es una cuestión de Estado, merecedora de los esfuerzos por concitar grandes acuerdos. Lo exige la preparación de la juventud estudiosa, la perfección del nivel científico de nuestros investigadores así como su reconocimiento social; lo exige, en fin, un país moderno como España, cuarto estado miembro con mayor población de la Unión Europea (UE). Todo ello exigirá mejores energías que las mostradas esto últimos días por nuestros representantes en “despellejarse” y por dejar alguna universidad a los pies de los caballos, más allá de la depuración de responsabilidades académicas y personales, evitando tanta mediación judicial, que resulta también manifiestamente inadecuada. ¡Así no se hace país, ni se hace investigación, ni se hace ciencia! Manuel Pulido Quecedo es doctor en Derecho Constitucional

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La necesaria reforma universitaria

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