Diario de Navarra

El pasado uno de septiembre se celebró en Alsasua un día de reivindicación de odio hacia un colectivo, en este caso hacia las distintas policías que día a día trabajan en Navarra. Lo chocante y llamativo es que con gran difusión en medios de comunicación, cartelería por toda Navarra y, cómo no, en redes sociales, se incitó al odio a un colectivo. ¿Se imagina el lector? Un día de odio hacia las personas que conforman el Sistema Navarro de Salud o hacia el colectivo de profesores del Departamento de Educación. Nadie permitiría semejante afrenta a la imagen y derechos de estos colectivos. Pues bien, parece ser que en Alsasua, con el silencio cómplice de quien gobierna en dicha localidad, en Navarra no parece grave que se fomente el odio a quien está encargado de que se respeten los derechos de todos nosotros. No pretendo hacer una disertación jurídica, pero echando un vistazo a nuestro Código Penal se puede observar, cómo en su articulado reconoce el odio al diferente como delito. Nuestro ordenamiento jurídico establece que los delitos de odio son actuaciones delictivas motivadas por la intolerancia; es decir, por prejuicios o animadversión hacia personas y colectivos que se estiman diferentes. Y aunque la existencia de estos delitos es tan antigua como la humanidad, su reconocimiento en el orden jurídico no comienza sino hasta hace pocas décadas. Hay que esperar al avance de los Derechos Humanos para que se señale en el ordenamiento jurídico internacional el odio contra el diferente como causa singular que origina o motiva un delito. En España los delitos de odio vienen definidos, expresamente, en su tipificación como tales en el artículo 510 del Código penal, en su preámbulo la Ley orgánica 1/2015 contempla una nueva definición al delito de incitación al odio y a la violencia, estableciendo penas de hasta 4 años de prisión para quienes “fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquél, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad”. También se establece la misma pena para aquellos que “distribuyan, difundan o vendan escritos o cualquier otra clase de material o soportes que por su contenido sean idóneos para fomentar, promover, o incitar directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia”. Creo que después de ver en todo los medios de comunicación lo que ocurrió en Alsasua y cómo los organizadores, durante días, dieron publicidad a los actos que se iban a realizar, lo citado anteriormente puede considerase objeto de algún tipo de delito, algo que deberían investigar la Fiscalía y los servicios jurídicos de le Delegación del Gobierno en Navarra que a la postre en quien autoriza o no este tipo de actos. Afrentas de este tipo no son nuevos. Se vienen celebrando desde hace años, siempre contra la Guardia Civil, pero desde el año pasado también es la Policía Foral el objeto de la ira de los intolerantes. Pero lo más doloroso es el silencio cómplice del Ayuntamiento de la localidad y de la consejera de Interior del Gobierno de Navarra. Estoy seguro de que si este acto fuera, por ejemplo, contra el colectivo de bomberos navarros, la consejera hubiera reaccionado de forma contundente en cuestión de segundos. Con el cuerpo de su propia policía lo que hace es callar y mirar para otro lado. Sintomáticas las reacciones de algunas personas a la vista de las últimas pancartas contra la figura de policías forales: ¡Pero si esos son los nuestros! Como si fuera un eximente respecto al ataque hacia otros cuerpos. La Guardia Civil lleva en Navarra 174 años en los cuales con errores y aciertos han trabajado por esta tierra, tierra que vio nacer a su fundador D. Francisco Javier Girón y Ezpeleta, II Duque de Ahumada, nacido en Pamplona en 1803. Es penoso que algunos cataloguen como nuestros a unos y a otros no. El apoyo institucional es el pilar donde se sustentan los valores de quien tienen como labor la de cumplir y hacer cumplir la ley. Todos los policías, vistan el uniforme que vistan, defienden los mismos intereses y quien los dirige debería saber mejor que nadie que cuando se les ataca a ellos se ataca a toda la sociedad a la que sirven y representan. Gustavo Galarreta Pérez es analista en Seguridad y Defensa

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Ospa eguna: barra libre para el odio

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