Diario de Navarra

Asistimos en los últimos tiempos, entre otras deformaciones de las instituciones y sociedades democráticas modernas, al reverdecimiento de un ancestral espectáculo de masas, anacrónico escenario para cualquier conciencia medianamente formada no necesariamente en lo jurídico, consistente en el enjuiciamiento popular, siempre ignorante y preconcebido, de personas, hechos y circunstancias, coadyuvado con informaciones sesgadas, cuando no malintencionadas, que no hacen sino arengar a aquéllas con el fin de alimentar y dirigir el sentimiento popular en función de los vientos y modas de lo políticamente oportuno. No importa, en este sentido, si hablamos de violencia de género; delitos sexuales; agresiones; delitos económicos o cualesquiera otros supuestos en los que, al parecer de quien opina, difunde y manipula, resultan siempre hechos noticiables, miserable y adecuadamente vendidos como carnaza publicitaria, en los que la mayoría ya ha dictado sentencia antes de conocer mínimamente los hechos, los fundamentos de derecho y las conclusiones. Es decir, sin tener el más mínimo detalle de las circunstancias, los testimonios, las pruebas, la base jurídica y la valoración de todo ello que, al contrario, han realizado los distintos profesionales de la Justicia que, como consecuencia de su labor, histórica y constitucionalmente fundamentada, tienen no sólo el conocimiento sino, lo que es aún más relevante, la auctoritas para impartir Justicia. No es, éste, un problema de antes de ayer. Ni de este país o de otros. Pero recuerda, tristemente, épocas que todos considerábamos superadas por elementales o básicas, y denostadas desde un mínimo prisma educativo desarrollado. Sociedades en las que el vulgo popular, la plebe, el populacho, o como quiera el lector, enviaban a la hoguera, al patíbulo, a la guillotina o a la silla eléctrica -tanto en sentido figurado de alejamiento o escarnio societario como en el más cruel sentido literal- a presuntos inocentes sin que éstos pudieran tener la más mínima posibilidad de defensa o, al menos, de un juicio en condiciones razonables de objetividad e imparcialidad. Donde jueces, abogados y fiscales no constituían sino meros figurantes de la gran comedia que el fantoche de turno o el absolutismo reinante, implacable y populista, desarrollaba en función de la moda o el interés político del momento. Tan antiguo como el pan et circenses romano, cuyo momento álgido de diversión lo constituía la decisión de las masas, reunidas en el circo, sobre la vida de personas prejuzgadas por su condición de esclavos, bárbaros o cristianos. Sociedad romana que, constituyendo la base esencial de nuestro orden jurídico actual, fue capaz, en su época más dictatorial y decadente, de entregar a Jesucristo a la ejecución y liberar a Barrabás por el mero griterío popular. Dictaduras y fascismos de todos los colores y tipos, se caracterizaron, a lo largo de la existencia del ser humano, por hacer de la Justicia (la falta de) uno de los pilares de su propia subsistencia. Ya hubo gobernante, en la reciente historia de nuestro país, que, sin todo este despliegue tecnológico de medios y redes sociales que hoy nos invade y aturulla, descubrió el opio del pueblo: fútbol, sucesos y cotilleo constituyeron morfina divulgativa esencial para el necesario adoctrinamiento del pueblo, a cuya eficacia contribuyó, sin duda, aquella caja de imágenes en blanco y negro que se llamó televisión. Cualquier ejemplo histórico que se moleste el lector en revisar estará basado, si resulta desorden, falta de libertades, miseria o degradación moral, en un malintencionado y deplorable concepto “justicia popular”, alimentada, o cuando menos consentida, por el maquiavélico gobernante y sus acólitos propagandistas. Qué no decir de una sociedad como la actual, donde la tecnología y la información se han transformado en un océano que, maniqueamente manipulado a interés del consumidor, puede representar la mayor ciénaga de desinformación y falsedad sin filtros que uno pueda imaginar. Debo, en este contexto que me ocupa y preocupa, defender, hoy más que nunca, una administración de Justicia desde lo más esencial y moral de su concepto y razón de ser, como único instrumento real de convivencia que nos hemos dado las sociedades civilizadas y desarrolladas. Y a todos los ciudadanos que la componen y aplican, aquellas personas de bien -jueces, fiscales, abogados y funcionarios-, que día a día, en una labor tan abnegada como impagable, resuelven miles de controversias, desmanes, conflictos y desórdenes con criterio, imparcialidad, objetividad y sentido moral, lejos del vocerío de la jauría y, en la mayoría de las ocasiones, de la gratuidad de prejuicios fáciles y oportunistas y de imposiciones y presiones de la masa en el sentido más orteguiano del concepto. A todos ellos, sirvan estas breves líneas de homenaje y reconocimiento, incluso cuando no comparta sus resoluciones. Para eso están. Víctor M. Fernández Díaz es abogado y socio-director de Concilia

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Justicia plebeya

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